El PP pierde todos los apoyos en el debate sobre los profesores de religión

El Gobierno perdió ayer en el Senado el apoyo de Coalición Canaria y ya está solo en la batalla parlamentaria en torno a los acuerdos de 1999 entre España y el Estado de la Santa Sede que, según la interpretación de los obispos, permiten despedir a los profesores de religión en los colegios públicos sin ningún miramiento laboral. CiU, PNV, BNG e IU se alinearon con el PSOE para pedir la revisión del acuerdo.

La mayoría absoluta del Grupo Popular bloqueó la moción que pedía en el Senado la revisión del acuerdo suscrito en 1999 por el Gobierno con la Conferencia Episcopal Española (CEE), pero la propuesta del Grupo Socialista obtuvo el apoyo de los parlamentarios de CiU, PNV y Grupo Mixto, además de la abstención de los seis senadores de Coalición Canaria, único socio del PP que todavía no se había desmarcado del Ejecutivo. El Gobierno de Canarias, que lidera este grupo político, tiene en este comienzo de curso escolar varios conflictos por el complicado encaje legal y laboral de los docentes católicos en el sistema educativo e, incluso, ha suspendido las clases religiosas en numerosos institutos de enseñanza secundaria del archipiélago.

El PSOE achaca la actitud de los obispos a lo pactado por el PP en 1999 y el senador canario Venancio Acosta Padrón propuso volver a acuerdos anteriores a esa fecha. Fue Mariano Rajoy, vicepresidente primero del Gobierno, quien aceptó en 1999, siendo ministro de Educación, que el Estado se hiciera cargo de la contratación y los salarios de los docentes del episcopado -unos 18.000 este curso-, propuestos por las diócesis. La Iglesia calificó entonces como 'esenciales' aquellos cambios.

'Consideramos que se deben respetar los derechos laborales de los profesores con el fin de evitar problemas como los que se plantean en estos momentos', dijo Acosta Padrón. El ponente de la moción, Manuel Fernández Zanca, del PSOE, había reclamado la revisión del convenio para 'eliminar cualquier posibilidad de que los obispos lo interpreten con criterios contrarios a los derechos fundamentales que consagra la Constitución'.