La Generalitat recuerda que le compete la seguridad de la industria química

La iniciativa del Ayuntamiento de Tarragona, expresada por su alcalde, Joan Miquel Nadal (CiU), de obligar a las empresas químicas de la zona a someterse anualmente a una auditoría externa, bien de forma voluntaria, bien forzosa y a cargo de técnicos municipales, no ha sido bien recibida por los responsables de la Generalitat, a la que compete la seguridad de los complejos químicos, ni tampoco por las industrias de Tarrgona.

La Administración catalana considera que el consistorio no tiene competencia legal y las empresas se remiten al cumplimiento estricto de las normativas existentes.

Aún así, en unos momentos de incertidumbre por la situación bélica en Afganistán y por la explosión que ocasionó 29 muertos y cientos de heridos en la fábrica AZT de Toulouse el pasado 21 de septiembre -cuya causa aún se desconoce-, tanto la Generalitat como las empresas se muestran benevolentes con la iniciativa municipal y coinciden en señalar que no está de más incidir en la seguridad de los complejos químicos.

El delegado de la Generalitat en Tarragona, César Puig, explicó ayer que la nueva normativa de la Unión Europea, aprobada el pasado mes de marzo con el nombre de Seveso II, incrementa los controles sobre la seguridad de las empresas.

En virtud de esta normativa, las sociedades químicas que operan en la zona, -'y toda España', precisa Puig-, han tenido que someterse a un informe sobre su seguridad. Este informe abarca tanto las medidas de protección en sus procesos productivos como la cobertura de seguridad de las instalaciones.

El delegado de la Generalitat en Tarragona, Cesar Puig, aseguró que el pasado 21 de julio las 33 empresas químicas que operan en los polígonos sur y norte de Tarragona ya habían presentado sus informes, que se auditan por el Instituto Químico de Sarrià y por la empresa holandesa TNO. El máximo responsable del Plan de Seguridad Químico de Tarragona (Plaseqta) explicó ayer que el trabajo de evaluación de las dos sociedades homologadas legalmente para ello puede prolongarse hasta el próximo verano.

La normativa Seveso II, de reciente aplicación, recoge que anualmente las empresas deben someterse a una inspección obligatoria cuyos realizadores pueden ser bien la Dirección General de Seguridad Industrial de la Generalitat o empresas homologadas en las que el organismo delegue para ello.

En caso de encontrar deficiencias en seguridad o en el proceso productivo, las conclusiones de los informes que se realicen son vinculantes. 'Si la falta encontrada es leve, puede propiciar la apertura de un procedimiento sancionador', explicó Puig, 'en caso de que la infracción sea grave, puede llegar a la paralización completa de la actividad industrial'. Los resultados se comunican inmediatamente a los ayuntamientos del entorno.

La realización de este informe anual no se consideraba en las directrices de la normativa europea Seveso I, vigente hasta el momento. La aplicación de la ampliación de la normativa se solaparía, pues, con la exigencia anunciada el pasado lunes por el alcalde de Tarragona de obligar a las empresas químicas a someterse a una auditoría externa. Según Puig, la iniciativa es comprensible 'puesto que lo que hace el alcalde es reclamar mayor seguridad', aunque el delegado recuerda que, legalmente, la competencia de la seguridad química la tiene el gobierno autónomo y no el local, cuyo conocimiento de la actividad industrial no está limitado pues otorga las licencias de actividades.

De modo similar se manifiesta la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) que, en un escueto comunicado, recuerda que 'ya se cumple la normativa tutelada por la Generalitat', aunque 'todas las medidas relacionadas con la mejora de la seguridad son bienvenidas'. Tan pronto como el alcalde les haga llegar su propuesta, añaden, 'estudiaremos todos los detalles'.

El alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal y cinco representantes de los grupos municipales del consistorio se entrevistaron ayer con políticos y responsables de protección civil de Toulouse, a donde se trasladaron para conocer in situ las circunstancias del accidente del pasado 21 de septiembre y las deficiencias existentes en los planes de emergencia de la ciudad. Miembros de la comitiva indicaron que la situación de la empresa AZT dista mucho de la existente en Tarragona.

La fábrica se encontraba en pleno centro urbano y no en un polígono delimitado como los de Tarragona. El resultado de la visita municipal se hará público hoy por parte del alcalde.