La comunidad universitaria vasca rechaza al unísono la futura Ley de Universidades

La reacción de la comunidad universitaria vasca ante la Ley de Universidades que pretende sacar adelante el Partido Popular se resume en una palabra: rechazo. A las posturas ya conocidas de los órganos de gobierno de las universidades, que han escenificado una y otra vez su desacuerdo con la futura normativa, se suman las de los sindicatos de profesores y personal de administración y servicios, alumnos y representantes destacados de la vida universitaria. Todos critican un texto que, a su juicio, no soluciona los problemas y acentúa la rigidez uniformizadora del sistema.

Varían las siglas, cambian las ideologías y los intereses que se defienden, las instituciones en las que trabajan o estudian son públicas o privadas; todo es diferente en la comunidad universitaria vasca, todo menos la reacción ante la Ley de Universidades promovida por la ministra Pilar del Castillo y que ha sido ya remitida al Congreso de los Diputados.

Hay dos aspectos básicos en los que las respuestas son idénticas: uno, la norma con la que se pretende sustituir a la Ley de Reforma Universitaria (LRU) no es buena; y dos, el sistema universitario necesita una reforma que le permita afrontar en buenas condiciones su futuro, algo que, en opinión de las personas consultadas por este diario, no hace el texto defendido por el Gobierno del PP.

El rechazo es frontal por parte de todos los sindicatos que defienden los intereses de profesores y personal de administración y servicios en la Universidad pública -CC OO, STEE-EILAS, ELA, FETE-UGT y LAB-. 'Tanto en las formas (se ha elaborado sin consultar y sin tener en cuenta la opinión de la comunidad universitaria) como en su contenido, nos parece una mala ley. Es un texto reglamentista, en el que se habla de vertebración y lo único que se va a lograr es encorsetar y uniformizar el sistema', denuncia Arantza Urkaregi, representante de STEE-EILAS.

Con similares palabras se expresa Marisa Uriarte, de FETE-UGT, que destaca la pérdida de autonomía universitaria que supondrá la puesta en marcha de la ley. 'Va a suponer un retroceso', advierte.

La valoración es común también en lo referente a la situación en la que pueden quedar los profesores y el personal de administración y servicios (PAS). En este sentido, Kepa Altuna, representante de ELA en el Consejo Social de la UPV es claro. 'En el caso de los PAS, se imposibilita la creación de mecanismos de homologación con el funcionariado propio de la comunidad autónoma, y respecto a los profesores, precariza la situación de los asociados, es decir, de los que no son funcionarios, y puede generar inestabilidad en el profesorado que no encaje en las categorías definidas por la nueva ley', explica. Mikel Fernández, responsable de LAB-Universidad, subraya este aspecto. 'Esta ley empuja a la precariedad al 49% del profesorado'.

Cirugía mayor

No sólo los sindicatos, también destacados miembros de la comunidad universitaria muestran su desacuerdo con el proyecto. 'Lo que hace falta es una reforma en profundidad, actuar con cirugía mayor. Y esta ley no lo hace, y, además, aporta un problema adicional, ya que impide una estructura más flexible, que es precisamente lo que pide la universidad del siglo XXI', resalta Juan Colmenero, ganador de la última edición del Premio Euskadi de Investigación.

Así lo cree también Javier Elzo, catedrático de Sociología de la Universidad de Deusto. Elzo se muestra muy crítico con la exigencia de que el 15% del profesorado de los centros privados tenga que superar el examen de habilitación nacional. 'Me parece mal, me parece un insulto. ¿Acaso creen que las universidades privadas tienen intención de traer a malos profesores? De cualquier forma, si hay universidades privadas con nivel bajo, ya se hundirán', señala Elzo.

Tampoco ahorra objeciones Javier Retegi Albisua, director de la Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea. 'Impide la modernización de la universidad, parece una vuelta al pasado, recorta la autonomía universitaria, establece un sistema de acceso al funcionariado absolutamente retrógrado, define una estructura rígida y uniforme que va a dificultar la gestión. En relación a los centros privados, supone una injerencia en su autonomía organizativa y de funcionamiento que estimamos abiertamente inconstitucional'.

También los alumnos tienen algo que decir sobre el nuevo texto. Y no es precisamente bueno. 'Con la nueva ley, los alumnos desaparecen literalmente del gobierno de los centros universitarios. Si se aprueba tal y como está redactada, nuestro poder de reivindicación se diluye en todos los órganos', advierte el presidente del Consejo de Estudiantes de la UPV, Pablo Gómez Salazar.