El desvío de pacientes a la sanidad privada por ley vacía los proyectos para mejorar la pública

El Debate de Política General sirvió al presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, para anunciar el próximo proyecto sanitario del Consell: la privatización de la atención primaria en Alzira. Este anuncio dejó en la sombra otra medida de gran calado político que apenas trascendió: el responsable del Gobierno valenciano señaló que dará rango de ley al Plan de Choque, el desvío de pacientes de la sanidad pública a la privada, lo que se traducirá en un frenazo en seco a los proyectos previstos de mejora de los recursos de los servicios asistenciales de la red pública.

El Plan de Choque nació en 1996 como fórmula transitoria destinada a resolver las largas esperas que sufrían los pacientes valencianos antes de ser intervenidos, y como una de las apuestas más ambiciosas del Partido Popular, que acababa de llegar al Palau de la Generalitat. El Gobierno valenciano acordó destinar 1.000 millones de pesetas anuales a los presupuestos para ofrecer a los pacientes de la sanidad pública que llevaran esperando más de tres meses una intervención, la opción de ser intervenidos en clínicas privadas. Desde entonces, la suma se ha ido repitiendo a lo largo de los presupuestos de estos últimos años, pero no así la cantidad real pagada a las clínicas por las intervenciones.

Repetidamente, los 1.000 millones han sido superados en un ritmo creciente que alcanzaron el año 2.000 los 2.805 millones de pesetas. El origen coyuntural de esta fórmula, inicialmente destinada a resolver de forma puntual un problema, se ha transformado en una medida estructural, que, se ha hecho un hueco en los presupuestos, pese a lo cual, tampoco se ha demostrado totalmente efectiva contra las listas de espera.

En el transcurso del Debate de Política General, celebrado el pasado 21 de septiembre, el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, anunció que daría rango de ley al Plan de Choque. Este reconocimiento no sólo implicaba dar una mayor relevancia y admitir la vocación de continuidad del desvío de pacientes de la sanidad pública a la privada. También suponía abandonar una opción barajada por el Partido Popular hasta hace meses: combatir las listas de espera a través de la reorganización de los recursos de la sanidad pública o de medidas alternativas a la potenciación del sector privado con fondos públicos.

Uso de centros militares

Una de las medidas previstas sería el empleo de los centros militares para descongestionar los hospitales públicos. En ese sentido, existe un convenio firmado entre la Generalitat y el Ministerio de Defensa destinado a explotar los infrautilizados recursos del departamento que dirige Federico Trillo-Figueroa en las especialidades de cirugía, traumatología, cirugía ortopédica, oftalmología y anatomía patológica. Pese a ello, a la elevada demanda quirúrgica que cuenta Sanidad, y a la escasa actividad de los centros militares, que apenas consigue un 25% de ocupación, la Consejería de Sanidad se resiste a enviar enfermos al Hospital Militar de Valencia.

No obstante, las iniciativas más ambiciosas y que más sufrirán el proyecto anunciado por Zaplana serán los denominados planes Optimus y Exprés.

Estos dos proyectos abordaban la reforma parcial del sistema de gestión hospitalario de las listas de espera desde la esfera pública.

El primero de ellos, el Plan Exprés, que se anunció a principios del año pasado por el entonces consejero de Sanidad, José Emilio Cervera, consistía en que los hospitales públicos con menor lista de espera serían los encargados de recibir a los pacientes de los centros saturados. La fórmula era similar a la del Plan de Choque, con la diferencia de que a los 90 días de aguardar una intervención, los paccientes podrían elegir entre una lista de hospitales públicos sin demoras. Si el enfermo no se decantaba por esta opción, siempre podría acogerse a los centros privados del Plan de Choque. Estaba previsto que las intervenciones se practicaran fuera del horario de trabajo para evitar que supusieran una sobrecarga en los centros e incluso se llegó a dotar inicialmente de 300 millones de pesetas para echara aandar. Sin embargo, la salida de Cervera de la Consejería de Sanidad (tras conocerse que su mujer, Dolores Santos, había participado en algunos proyectos de la Generalitat en IBM, donde trabajaba, bajo la sospecha de que ello tuviera una influencia notable en la elaboración de ofertas para varios concursos públicos auspiciados por la Administración autonómica), congleó este proyecto.

Un plan apresurado

El segundo de los planes, el denominado Optimus, se anunció bajo el mandato del actual consejero, Serafín Castellano. Su grado de elaboración nunca alcanzó el del programa anterior, ya que simplemente se dijo que se trataba de un programa de incentivación a los médicos de los centros públicos para lograr que realizaran más intervenciones, sin aportar muchos más detalles. El clima en el que se produjo su alumbramiento -en medio de la polémica abierta por la muerte de enfermos de corazón, que fallecieron mientras esperaban ser intervenidos- provocó su apresurado anuncio y acaso envenó su desarrollo, porque como el plan anterior, quedó en el olvido de los dirigentes populares.

Ahora, tanto los sindicatos como profesionales de la Sanidad dan por perdidas las esperanzas de ver revitalizados los recursos públicos para luchar contra las listas de espera, como preveían estos planes, tras el anuncio hecho por Zaplana de reforzar el plan de choque, una vez el Consell dé rango de ley a la medida.