De la Rúa estudia un adelanto de las medidas de emergencia para rebajar la tensión en los mercados

El Gobierno argentino está dispuesto a adelantar el paquete de medidas de urgencia que pensaba anunciar dentro de 10 días, una vez pasadas las elecciones parlamentarias y recompuestas las alianzas políticas con la oposición, para intentar recuperar la calma y bajar la tensión en los mercados ante los rumores de devaluación del peso o de dolarización de la economía que pusieron de nuevo a la sociedad en estado de pánico. El ex presidente Raúl Alfonsín, líder de la Unión Cívica Radical, y el diputado Darío Alessandro, jefe del grupo parlamentario de la Alianza de partidos en el poder, admitieron que 'se están estudiando medidas' para imponer al Gobierno un cambio en el rumbo económico, 'con o sin el ministro de Economía, Domingo Cavallo'.

La situación parece fuera de control desde que el Gobierno admitió una bajada del 14% en los ingresos por recaudación de impuestos, que obligará a otro ajuste en los gastos del Estado, y se comprobó una reducción generalizada del consumo estimada entre el 30% y el 40%. El derrumbe de las acciones líderes, que ya estaban bajo mínimos, supera los registros históricos de los últimos 10 años. La Bolsa, que ayer tuvo un alivio, acumula pérdidas superiores al 30% en poco más de dos semanas.

El llamado índice de riesgo-país, que mide las solvencia, rompió ayer la barrera de los 1.900 puntos, un pico que no se alcanzaba desde el final de etapa de Alfonsín en el Gobierno cuando en plena hiperinflación superó los 4.000 puntos básicos.

Las críticas de los candidatos de todos los partidos en las próximas elecciones parlamentarias, con las que se renovará completamente el Senado y la mitad de la Cámara de los Diputados, se centran en Cavallo. Todos piden la renuncia del ministro de Economía. Sin embargo, Cavallo volvió ayer a ser ratificado en su cargo por cuarta vez en dos días. En esta ocasión fue el presidente del Gobierno, Fernando de la Rúa, el que le mostró su apoyo. Los gobernadores de 13 provincias administradas por la oposición peronista presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que remita 1.364 millones de dólares (246.884 millones de pesetas) comprometidos como fondos básicos para contener 'el inminente estallido social'.