EU y PSPV muestran su apoyo a dos médicos procesados por aborto

Casi 10 años después, los ginecólogos Javier Vives y Josep Lluís Carbonell, acusados de un practicar un aborto ilegal el 3 de abril de 1992 en la clínica Acuario de Castellón, pasarán por el juzgado el próximo día 17. Ayer en las Cortes, las diputadas Consuelo Catalá, del PSPV, y Dolors Pérez, de EU, acompañadas de miembros de entidades europeas de apoyo al aborto, mostraron su solidaridad con los acusados y reclamaron que se normalice la interrupción del embarazo en España.

Junto a Catalá y Pérez estuvieron presentes representantes de Dones Progressiostes, así como la diputada socialista María José Mendoza. También se desplazaron a las Cortes María Francés, secretaria general de la Federación Internacional de Asociados Profesionales del Aborto y de la Contracepción y el presidente de la Asociación de Clínicas de Aborto Holandesas, Eylar Vicente Van Hal.

El fiscal del caso pide para el médico que practicó el aborto, Javier Vives, dos años de cárcel y cuatro años de inhabilitación, mientras que para el médico que emitió el dictamen, Josep Lluís Carbonell, el fiscal pide un año de prisión y cuatro de inhabilitación, según señalaron estas diputadas. También se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Castellón la mujer a la que se le practicó el aborto y su acompañante, que se enfrentan a una petición fiscal de tres meses de cárcel, éste últtimo por inductor.

Tanto los representantes políticos como los de las entidades reclamaron la necesidad de adaptar la 'absolutamente restrictiva' legislación del aborto a la demanda social, y acabar con la 'persecución' que sufren los médicos y las mujeres que se someten a estas intervenciones. Además, exigieron que la decisión última de abortar no dependa de un médico que certifique que se cumplen los requisitos actuales, sino de la voluntad de la mujer.