El Gobierno planea cerrar 10 residencias 'piratas' de ancianos por irregularidades

La consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, anunció ayer en el pleno de la Asamblea que 'de aquí a diciembre' su consejería prevé cerrar 'diez residencias' de ancianos por diversas irregularidades. Se trata, en la mayoría de los casos, de centros piratas, en los que, sin embargo, no consta que los residentes sufran maltrato o abandono. La consejera dijo que ha escrito al Consejo General del Poder Judicial pidiéndole que estudie la creación del juez especial de mayores, lo que facilitaría la tramitación de estos asuntos. La oposición tachó a Martínez de 'incompetente'.

Aprovechó Pilar Martínez la pregunta en el pleno de la Asamblea de la diputada popular Pilar Liébana para anunciar que se había dirigido por escrito al máximo órgano judicial para pedir un juez especial de mayores. No fue el entusiasmo lo que recorrió los bancos de la oposición. Martínez justificó su petición en las dificultades que encuentra su consejería para actuar sobre las residencias de mayores cuando existen denuncias o evidencias de irregularidades.

Según explicó en los pasillos de la Cámara, la falta de colaboración por parte de la dirección de estos centros retrasa cualquier solución. 'Hemos de acudir a los tribunales de lo Contencioso-administrativo o a los de Penal, con lo que las medidas se retrasan considerablemente', se quejó la consejera. Y añadió que, ahora mismo, hay entre seis y diez residencias en la Comunidad que deberían ser clausuradas y que permanecen en funcionamiento por la negativa de sus responsables a aceptar el cierre.

La Consejería ha tenido que recurrir a los tribunales para obtener una orden judicial. 'De aquí a diciembre', anunció la titular de Servicios Sociales, 'esperamos haber clausurado diez centros'. En ellos, situados en la capital y en otros municipios, viven alrededor de 200 ancianos.

Sin embargo, Martínez explicó que las deficiencias detectadas en estas residencias 'no son, ni mucho menos, las mismas que han obligado al reciente cierre de las dos de Colmenar Viejo'. 'De haber sido de ésa o parecida gravedad, ya habríamos intervenido', aseguró. Se trata, aclaró la consejera, de centros que carecen de licencia, que se encuentran instalados en chalés o pisos residenciales o bien carecen de la documentación administrativa requerida. En definitiva, podría decirse que varias de estas residencias son piratas; algunas son objeto de 'inspecciones semanales' y sobre ellas hay 'expedientes muy avanzados'.

Según fuentes de la Consejería de Servicios Sociales, los ancianos que viven en tales residencias no padecen maltrato ni abandono, ya que en ese caso sí actuarían las autoridades gubernativas. Sobre todo si hubiera casos de personas que carecen de familia, en cuyo caso la tutela recaería sobre la Comunidad.

'Lo que quiero dejar claro', argumentó la consejera, 'es que actuaciones de este tipo exigen todo un proceso judicial que, en ocasiones, debería ser más rápido'. Y agregó: 'Por eso pedimos un juez especializado en estos problemas. Lo ideal es que las propias residencias cierren voluntariamente sin obligarnos a intervenir'. Sin embargo, según decían algunos diputados, parece difícil que un juez ordene la clausura de una residencia sólo por problemas administrativos, competencia,en muchos casos, de los ayuntamientos.

La oposición aprovechó para criticar lo que, en expresión de la diputada del PSOE Carmen García Rojas, 'es la doctrina del presidente Alberto Ruiz-Gallardón: sacar un conejo de la chistera'. García Rojas rechazó como solución la creación de un juez especial de mayores, 'aunque todo ayude', matizó. 'Mientras no haya una mayor dotación de personal en el servicio de inspección, la situación será caótica', opinó la socialista.

Con mayor crudeza se pronunció la parlamentaria de IU María Luisa Sánchez: 'La consejera es una incompetente, que cuando se le plantean problemas, sean de niños o de mayores, recurre siempre a instancias superiores', afirmó.

Por otra parte, el pleno debatió también una proposición no de ley para ampliar las ayudas a los presos políticos del franquismo y a quienes, aun no siéndolo, sufrieron persecución por sus ideas. Emotivo homenaje de Fernando Marín, de IU, y de Antonio Chazarra, del PSOE, que, si no consiguieron ver aprobada la iniciativa, sí lograron el 'reconocimiento moral' en sus palabras.

El PP se negó a establecer que las indemnizaciones a los ex presos del franquismo sean como mínimo de 700.000 pesetas por persona y a abonar con carácter inmediato las solicitudes resueltas (1.172) antes de la ampliación del plazo que el Gobierno aprobó recientemente junto con un aumento de 100 a 1.000 millones de pesetas en el presupuesto para estas ayudas.