El PP se desmarca del nuevo ataque de Rato a los 'amigos de Zapatero'

Dirigentes del PP tuvieron ayer que garantizar con solemnidad al líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, la total validez del pacto alcanzado el pasado lunes para renovar cargos institucionales. Lo hicieron después de que el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, acusara en el pleno del Congreso a Zapatero de chantajear con no materializar ese pacto si no se le asegura que Jaime González, ex portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, será designado para la Comisión Nacional de la Energía.

El PP planteó hace una semana para desbloquear la negociación que Jaime González, a quien el PSOE proponía para el Tribunal de Cuentas, fuese ubicado en la Comisión Nacional de la Energía.

Ayer, el PP y el PSOE volvieron a la carga en el pleno del Congreso para reclamar a Rato responsabilidades políticas por los nombramientos de Enrique Giménez-Reyna como secretario de Estado de Hacienda y de Pilar Valiente como presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El portavoz socialista le recordó la teoría sobre la responsabilidad política que esgrimía el PP en la oposición -que alcanzaba siempre al presidente del Gobierno-, y le advirtió que el PSOE no va a dar un paso atrás en su control al Gobierno. Rato obvió esas reflexiones y contestó que había designado a Giménez-Reyna y Valiente por 'razones de profesionalidad y conocimientos técnicos'.

'Usted tiene un problema, señor Rato: se llama Gescartera', le replicó Caldera, quien además recordó las dimisiones de altos cargos públicos socialistas para asumir responsabilidades políticvas en el pasado.

Rato arremetió en su respuesta: 'Es verdad que tengo un problema, que se llama la Comisión Nacional de la Energía, porque resulta que me dicen que tengo que elegir como vocal de ese órgano a un ingeniero agrónomo que se llama Jaime González, y su cualidad es ser amigo del señor Zapatero y que es de León'. Rato interpeló a Caldera apuntando a Zapatero, en ese momento ausente del hemiciclo: '¿Tengo que venir a esta Cámara y ofrecer a un amigo del señor Zapatero para la Comisión Nacional de la Energía, y si no lo hago y busco una persona, incluso de su grupo parlamentario, que sepa de energía, sus señorías van a mantener el chantaje de no elegir el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial?'. Y concluyó: 'Efectivamente, tengo un problema'.

Tras esta nueva arremetida de Rato -similar a la de la semana pasada, cuando acusó a Zapatero de querer colocar en órganos institucionales a ex ministros socialistas que le resultan 'incómodos'- comenzó una ronda de conversaciones al máximo nivel entre ambos partidos para salvar el pacto alcanzado el pasado lunes. El portavoz parlamentario del PP, Luis de Grandes, y el secretario general de ese partido, Javier Arenas, que no conocían de antemano la intervención de Rato y la escucharon con asombro, se reunieron con urgencia.

Zapatero telefoneó a Arenas para preguntarle si los acuerdos se habían roto y a qué respondía la diatriba de Rato. Arenas le aseguró que el pacto se va a cumplir, incluso en lo que afecta a Jaime González. En la dirección del PP se intentó no desautorizar al vicepresidente del Gobierno pero no tuvieron más remedio que admitir su desmarque de esas palabras, y que Rato había ido 'por libre en sus opiniones'. También reconocieron que el ministro de Economía está afectado personalmente por el caso Gescartera y de ahí su áspera reacción hacia Jesús Caldera y hacia el portavoz de IU, Felipe Alcaraz.

Por la mañana, en una reunión del Grupo Popular, José María Aznar calificó de 'impecable' su reacción y la del PP ante el caso Gescartera, sobre todo en comparación con la de los Gobiernos socialistas ante escándalos similares. Aznar aceptó que a los actuales responsables del PSOE no se les puede achacar una implicación con las corrupciones de aquella etapa socialista pero sí culpó a Zapatero y a otros miembros de su equipo dirigente de haber contribuido con su voto de parlamentarios a impedir la depuración de responsabilidades políticas de gobernantes socialistas.