La 'ararteko' navarra pide a su Gobierno 'restricciones' para las antenas de móviles
UPN rechaza la recomendación y respalda la normativa estatal
María Jesús Aranda, titular del Defensor del Pueblo de Navarra, ha pedido al Gobierno foral que regule de forma 'restrictiva' la instalación de antenas de telefonía móvil mediante una legislación propia. La ararteko solicita al Ejecutivo de UPN que tenga en cuenta la recomendación del Consejo de Ministros de la UE de julio de 1999 para establecer 'algún tipo de restricción' preventiva de posibles riesgos para la salud ante la proliferación de unas antenas que han levantado una fuerte controversia social.
El Gobierno que preside Miguel Sanz ya ha anunciado que no establecerá ninguna regulación propia en la materia. UPN considera que la normativa que prepara el Estado será suficiente en sus límites, opinión que otras comunidades autónomas, como Cataluña o Castilla-La Mancha, o más de 500 ayuntamientos no comparten, por lo que han aprobado regulaciones propias.
Ante las reiteradas quejas recibidas por el Defensor, María Jesús Aranda ha elaborado un amplio informe en el que considera 'conveniente' la existencia de una legislación reguladora de carácter autonómico, sin perjuicio de la competencia estatal. Aranda recuerda que, ante el vacío legal en el que se han instalado las bases y torres de telefonía móvil en ciudades y pueblos, se hace 'necesario' regular los aspectos urbanísticos, medioambientales, de ordenación del territorio y, sobre todo, de salud que inciden en su actividad.
La ararteko asegura que las competencias plenas de Navarra en materias como urbanismo, ordenación del territorio y salud permiten al Ejecutivo regional desarrollar una normativa propia 'restringiendo' su colocación en zonas donde haya 'población más sensible' como centros escolares, hospitales o residencias de ancianos.
273 instalaciones
La recomendación de Aranda no parece que vaya a ser atendida. Navarra cuenta con 273 antenas de telefonía móvil, 37 de ellas en Pamplona, y, según las mediciones técnicas efectuadas por el Instituto de la Salud Pública, no emiten más de 100 microwatios por centímetro cuadrado, lo que las situaría dentro de los límites de seguridad previstos por la normativa que el Ejecutivo central está elaborando.
Sin embargo, muchas de ellas deberían desaparecer si estuvieran instaladas en Cataluña o Castilla-La Mancha, ya que las limitaciones establecidas por ambas comunidades son bastante más restrictivas. Autonomías y ayuntamientos no se fían debido a la inexistencia de un criterio científico homogéneo sobre los límites seguros para la salud.
El Gobierno central prevé autorizar torres instaladas en ciudades que emitan hasta 450 microwatios por centímetro cuadrado. Batzarre ha presentado ante el Parlamento navarro una propuesta para limitar esa potencia a 0,1 microwatios/cm. cuadrado en las proximidades de colegios y viviendas. El PSN-PSOE esperará a conocer la regulación estatal, pero no descarta impulsar una legislación navarra más restrictiva.
