Pujol advierte al PP de que la regresión autonómica pone a prueba su lealtad

El Jordi Pujol de la lealtad a la Constitución y al Estatuto volvió ayer por sus fueros para advertir al Gobierno del PP -y al PSOE, de carambola- que no haga oídos sordos a sus demandas de autogobierno y que la imposición de decisiones pone a prueba la lealtad de Cataluña. Durante dos horas y media, y con el telón de fondo de agravios como la renovación del Tribunal Constitucional o la ley de déficit cero, el presidente de la Generalitat desgranó un discurso sin estridencias en su 18º debate de política general del Parlamento catalán.

Era notable la expectación por ver cómo Pujol encaraba la primera vuelta de este debate, al que seguirá el de la moción de censura anunciada por el líder del PSC, Pasqual Maragall. Algunos vaticinaban, de entrada, una salida en tromba del presidente de la Generalitat catalana para desarbolar la defensa socialista y esperar el partido de vuelta con comodidad. Pero el pronóstico no se cumplió. Un Pujol de modales constitucionalistas y estatutarios salió a la tribuna de oradores con un motón de datos sobre el funcionamiento de Cataluña y con el objetivo de tocar la fibra sobre el trato que el Partido Popular y el PSOE dispensan al nacionalismo catalán.

La intervención del presidente de la Generalitat fue analizada por su Gobierno, que se reunió ayer por la tarde y trazó la estrategia para hoy, de cara al duelo Pujol-Maragall. A buen seguro, el tono del presidente de la Generalitat se adaptará a las necesidades del guión. Pero ayer, Pujol mostró su rostro amable y compatible, aunque no sumiso, con ese pacto de apoyo parlamentario con el PP. La tesis que esgrimió de partida es que Convergència i Unió ha intentado desde el establecimiento de la democracia en España la vía del diálogo. Con ello justificaba su actual alianza con el Partido Popular. 'Hemos negociado o hemos intentado negociar con gobiernos de UCD, PSOE y ahora del PP; con mayorías absolutas o relativas, en Barcelona o en Madrid. Lo hemos hecho moviéndonos en el marco de la Constitución, con lealtad constitucional', dijo Pujol.

Pero este comportamiento políticamente ejemplar, desde el punto de vista del discurso pujolista, no ha dado históricamente los frutos apetecidos, según Pujol. Este recordó el intento de recorte autonómico acontecido con la Ley Orgánica de Armonización Autonómica (LOAPA, con UCD); subrayó que, con los socialistas, la financiación que quería CiU no entró en vereda hasta 1993, y ahora el PP está haciendo oídos sordos a las peticiones de mayores cotas de autogobierno, como, por ejemplo, la reforma de la Ley de Bases de Regimen Local, la del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional, instancia de máxima actualidad, cuya renovación ha permitido a Pujol encarar el debate de política general marcando la anhelada distancia ideológica con sus socios parlamentarios del PP.

Puntos irrenunciables

'La imposición de decisiones involutivas tiene serios riesgos. No se puede abusar de la paciencia y la lealtad ni del espíritu constructivo de nadie; tampoco de Cataluña', subrayó el presidente de la Generalitat.

'CiU puede negociar muchas cosas con el PP, o con el PSOE, como ha hecho en muchas ocasiones. Puede transigir en muchos puntos, pero hay dos temas en los que no tiene margen: los relativos al autogobierno y a la identidad catalana', dijo Pujol en tono sereno y exento de crispación, sin el crescendo que en otras ocasiones le ha exigido el guión político impuesto por otras mayorías. Ayer, incluso mantuvo la suavidad cuando explicó que su Gobierno volverá a plantear al Ejecutivo de José María Aznar la necesidad de negociar más competencias. 'Insistiremos. Creo que si el Gobierno del PP se vuelve a negar a hablar de ello cometerá un grave error, malo para Cataluña, pero también para el PP y para todos', expuso el líder nacionalista. 'En lo que digo no hay sombra de presión o de amenaza, y no sólo porque la relación de fuerzas no lo permite', agregó. Porque, para el presidente de la Generalitat catalana, 'si las reivindicaciones hechas dentro del marco de la Constitución y del Estatuto, por la vía más pacífica posible y en el marco de una política de colaboración leal desde 1980, no merecen respuesta, la consecuencia no puede ser positiva'.