Lo moral y lo político del nacionalismo vasco
1. Euskadi es una sociedad regida por un grupo primario que se constituye y se busca como comunidad de nacionalistas vascos. Es, además, todo el resto de vascos, casi otra media sociedad que, sin ser nacionalista, se compone de un conglomerado de vascos de izquierda, centro y derecha que se sienten nacionalistas españoles o, simplemente, ciudadanos vascos y españoles.
El estado de cosas político vasco consiste en un poder de Estado (Gobierno vasco), único recurso de todos los vascos para la obtención de sus bienes sociales. El bien mayor es la paz y el orden público, un bien instrumental para gestionar la igualdad de todos los vascos tras el logro de cuanto cada cual pueda decidir sobre su modo particular de vida buena sin constreñir la de ningún otro.
2. Los nacionalistas que gestionan desde el poder ese bien no son neutrales ante él, pues suponen que sólo sus proyectos de vida buena deben triunfar y, también, que su legitimidad es intrínsecamente superior a cualquiera de sus ciudadanos o incluso a la otra mitad de la sociedad vasca, la no-nacionalista precisamente. En cambio, no se cumple la recíproca, es decir, los no-nacionalistas no suponen como ellos.
En efecto, cuando la comunidad de nacionalistas vascos sostiene, en la versión más moderada (la del último Ibarretxe, por ejemplo), que 'el futuro de los vascos debe estar en manos de la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca', no pretende sostener la obviedad y esperanza democráticas de que las cosas de mañana sean de la misma naturaleza política a lo que son hoy, es decir, democráticas. Lo que pretende más bien es hacerle reconocer al resto de vascos y de españoles que, aceptado el estado de cosas político actual como un mal menor, su proyecto de futuro nacional ha de activarse de manera que sea el único y vigente en Euskadi. Porque hasta que no sea así, la comunidad nacionalista siempre seguirá reivindicando 'que el futuro esté en las manos de la sociedad vasca': pues el futuro no lo proyecta como acumulación de presentes tan democráticos como el actual, sino como obtención del programa nacionalista total (construcción nacional). Es decir, el nacionalismo se considera a sí mismo como el mayor bien de todos los pensables para la sociedad vasca; y tras ello se activa a diario desde las instituciones. Además, ningunea a los ciudadanos vascos en sus intereses y deseos no-nacionalistas porque, al ser casi ininterrumpidamente legitimado por las urnas como mayoría (siquiera exigua), sostiene que su superioridad estriba en reflejar adecuadamente los intereses de toda la sociedad. Esto le lleva a suponer con increíble inmoralidad que los vascos que no pertenecen a su intención comunitarista pertenecen a alguna otra de 'fuera' ('los de Madrid') y que la alternancia democrática sería lo peor para el conjunto de intereses de la sociedad vasca.
Y, por el contrario, entre los no-nacionalistas no existe ninguna agrupación ideológica que sostenga nada parecido ni actúe sin neutralidad ante la cuestión de gestionar el máximo bien instrumental, la paz y el orden público. Esto está claro en su práctica política, tanto durante su época de gestión del Gobierno (español y vasco) como durante su trayectoria en la oposición: práctica de no suponerse los depositarios del mejor modo de vida buena ni, en consecuencia, sostener que su ejercicio del poder haya representado los intereses del conjunto de los españoles o vascos. Es más, muchísimos de ellos suponen ya que España ha sido un azar histórico que no acoge bien ni integra culturalmente todavía a una buena parte de españoles y no españoles, pero que desde ese azar hay que partir para construir un hogar de inclusión del otro (la mujer, el gitano, el inmigrante, el homosexual, por citar algunos).
3. Un corolario de lo anterior es que el Gobierno nacionalista, en tanto su política esté dirigida por ese anclaje moral de falta de neutralidad ante el bien instrumental mayor, no solamente no será beligerante con ETA ni procederá a luchar contra sus manifestaciones fascistas callejeras de aterrorización de los ciudadanos vascos, sino que no buscará la inclusión del 'otro' no-nacionalista como aspecto central de su política. El anclaje moral de neutralidad que se exige aún al nacionalismo vasco para hacer política democrática consistiría en su disposición a participar en un diálogo acerca de sus concepciones del bien con el resto de ciudadanos que no son de su comunidad primaria. Es decir, que abandonando su victimismo ante la crítica y también su intención totalitaria de sostener que es la ideología mejor y más adecuada al conjunto de la sociedad vasca, reconsidere su ideal moral de unificación comunitaria o construcción nacional. Ésta, la construcción nacional, es políticamente peligrosa porque es moralmente mala al estar siempre basada en jugar la carta del triunfo o, dicho de otro modo, al suponer siempre como supremo su punto de vista moral sobre los demás (por cierto, es el mismo defecto de la ideología proletaria leninista de construcción socialista).
En consecuencia, la institucionalización de mesas de paz, debates sobre la paz y planes de orden público que hace el Gobierno nacionalista desde su actual intencionalidad constituye siempre alguna trampa política fundada sobre una ausencia de moralidad.
4. El nacionalismo -y, desgraciadamente, también la mayor parte de la oposición- da por supuesto que su Gobierno vasco es democrático y es una forma de poder legítima. Pero esto sólo llega a ser una fictio juris o procedimental avalada por el supuesto incorrecto de que la democracia sólo fuese un mero uso del procedimiento de gobierno mayoritario tras expresión de la voluntad general o ejercicio de la libertad en los comicios (una voz, un voto). Según ese supuesto, Hitler, que llegó al poder democráticamente, solamente se equivocó en no haber sabido seguir usando el procedimiento democrático, porque ¿no podría haber llegado perfectamente a los mismos efectos a los que llegó, favoreciendo que los grupos nazis fueran autónomos ejercitando la violencia callejera en aras a crear suficiente terror social para que los parlamentarios alemanes votasen democráticamente créditos de guerra contra las naciones vecinas, así como el exterminio de los judíos, comunistas y gitanos, etcétera? Es decir, si a un Hitler parlamentarista se le hubiera ocurrido un análogo del Pacto de Estella-Lizarra para lograr a lo bestia lo que logró sin él, ¿no hubiera sido democrático su procedimiento?
No, el poder de un Gobierno democrático no es legítimo sólo por el uso de ese procedimiento del voto mayoritario, sino que requiere, además, la norma de la comunicación pública o lo que los analistas (como Seyla Benhabib, profundizando a Apel y Habermas) llaman la reciprocidad igualitaria: que cada ciudadano tenga 'igual oportunidad de hacer afirmaciones, recomendaciones y explicaciones..., iguales oportunidades de expresar sus deseos, sus anhelos y sus sentimientos'. Es decir, que dentro de la situación de diálogo público, cuantos hablan se sientan libres para tematizar las relaciones de poder, de manera que el reconocimiento recíproco esté siempre en situación de abogar por una extensión cada vez más amplia y una práctica continua.
Y esto sí se daba en otros gobiernos democráticos del mundo en la época de Hitler. Se daba algo y se da hoy mucho más, puesto que -además de procedimentalmente correctos- constituyen un espacio implicado en ver a qué cuestiones privadas se les está impidiendo volverse públicas, a ver qué grupos no tienen acceso a los medios de expresión pública o a defender su inclusión en el discurso de la legitimidad. Así es como la esclavitud americana dejó de ser una cuestión privada entre amos y esclavos para volverse una cuestión pública, la de los ciudadanos afroamericanos. Así es como las clases trabajadoras dejaron de ser un mero asunto de contratación privada entre patrones y obreros para volverse una cuestión pública. Así es como llegaron a convertirse los pueblos colonizados en asunto público de la propia metrópoli; así las mujeres han ido rompiendo su enclaustramiento privado en lo doméstico; así los gay y lesbianas, así los inmigrantes llegarán a serlo. Y así y así, pues para eso es la democracia, para cuestionar permanentemente las relaciones de poder a base de incluir a los excluidos en el círculo público.
5. Euskadi, el espacio político donde sólo una parte de la población es asesinada, extorsionada y amedrentada, no es todavía un espacio de poder legitimado porque su ámbito está constituido únicamente en términos de dominio de actividades estatales (el lehendakari a la cabeza) sin ámbito público de diálogo. Las víctimas y amenazados, los extorsionados y amedrentados, excluidos de la reciprocidad igualitaria y de cualquier ámbito dialogístico, son tratados aún como un asunto privado. El que en la Zumárraga que fue gobernada por socialistas hayan dimitido ya todos sus ediles, y el que en otras villas y comarcas enteras nadie ose presentarse candidato municipal por el PP o el PSOE, sigue siendo aún tratado como asunto privado por el poder estatal nacionalista. Y esta facticidad no podía ser sino una consecuencia política inevitable de aquella causa moral que he enunciado antes.
¿Cómo caminará el Gobierno vasco hacia su legitimación democrática? Solamente si abandona considerar como cuestión privada la cuestión de la víctima y del amenazado, del extorsionado y amedrentado, y la eleva ahora mismo, en el Parlamento, a cuestión pública, la cuestión central de la paz y del orden público:
- Afirmando con rotundidad que existen víctimas y existen verdugos, sin que se haya dado ningún conflicto político ni entre ellos ni en el seno de la ciudadanía
- Sosteniendo que no hay ninguna idea nacionalista que haya sido defendida asesinando a la víctima o que haya sido expresada por el asesinato y el terror
- Manteniendo la inocencia completa de la víctima y la injusticia total del verdugo. Y que éste nunca es inocente, por mucho que esté sufriendo
- Admitiendo que si hay víctima y hay verdugo es porque existe un hecho político fundacional que ya nos posibilita vivir en paz, la Constitución y el Estatuto. De lo contrario, no habría víctimas y verdugos, sino muertos tontos y asesinos listos.
- Concienciándose de que la rehumanización del verdugo es una tarea que depende de él mismo y no de impulsar no se sabe qué modificaciones territoriales del lugar donde cumplen con la justicia.
- Haciendo causa común pública con los partidos de oposición que no pueden presentar candidaturas propias en aras a promover en esos lugares de exclusión una única candidatura de expresión cívica.
Mikel Azurmendi es profesor y escritor.
