La ONU se implica

Con la aprobación unánime y fulgurante por el Consejo de Seguridad de una ambiciosa resolución que obliga a todos los miembros de la organización mundial a combatir sin cuartel política, económica y diplomáticamente al terrorismo, Estados Unidos ha conseguido un indirecto soporte legal de la ONU a su inminente campaña militar contra el régimen afgano. Los impensables acontecimientos del 11 de septiembre han abierto el camino en las Naciones Unidas a una enérgica decisión de gran calado que hace suyos prácticamente en su literalidad los argumentos estadounidenses que consideran el terrorismo internacional como la mayor amenaza a la estabilidad mundial en el siglo que acaba de comenzar.

Bush ha logrado el apoyo de los 15 miembros del Consejo para que la resolución 1.373 se aprobara el sábado, pero además ha puesto medios para evitar el peligro de que se convierta en papel mojado. El carácter imperativo del texto, adoptado invocando el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, le convierte en un elemento de derecho internacional, lo que exime a los miembros de la ONU de la ratificación por sus respectivos Parlamentos. El propio Consejo ha adoptado un comité de seguimiento que será el encargado de su aplicación y vigilancia, de atar los inevitables flecos legales y zanjar los problemas de interpretación que surjan. Pendiente de una definición por la Asamblea General de qué se entiende por terrorismo, la resolución permite al Consejo de Seguridad tomar represalias contra los países que se nieguen a colaborar.A diferencia de otras ocasiones en las que Washington ha reaccionado precipitadamente ante un ataque contra sus intereses, Bush se ha tomado ahora el tiempo necesario para cubrir todos los flancos antes de descargar su fuerza sobre Osama Bin Laden, el principal sospechoso, y el régimen fundamentalista afgano que le protege. En este sentido, las relaciones entre la Casa Blanca y la ONU, deterioradas en los últimos años y que habían alcanzado su punto más bajo durante los primeros meses del presidente republicano (recuérdese el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático), se han recompuesto como por ensalmo a raíz de los atroces atentados de Nueva York y Washington. El Congreso estadounidense ha aprobado rápidamente la candidatura de John Negroponte como embajador ante la organización supranacional y ha adelantado casi 600 millones de dólares de los más de 1.000 de atrasos que la superpotencia adeuda todavía a la ONU.

La ofensiva de encanto de Bush sobre las Naciones Unidas forma parte del movimiento sísmico de la diplomacia estadounidense para acercarse a organizaciones o países previamente considerados como alejados u hostiles, en vista de las acciones militares en ciernes y la imprescindible consolidación previa de una firme coalición antiterrorista. En los últimos días, Washington ha levantado las sanciones impuestas a India y Pakistán e incluso ha transmitido al Consejo de Seguridad su decisión de hacer lo propio con Sudán, castigado por sus conexiones con el radicalismo islámico. En menos de una semana, el Consejo de Seguridad ha debatido y aprobado su resolución antiterrorista, incluyendo el estudio del borrador por Londres, Moscú, Pekín y París, los otros cuatro miembros con derecho a veto en el máximo órgano ejecutivo de la ONU.

La decisión de las Naciones Unidas puede marcar un antes y un después en la lucha que ahora se hace global para asfixiar el terror. No sólo porque obliga legalmente a los Estados a cortar sus canales de financiación, cooperar en las investigaciones y en materia de extradición, compartir información y perseguir judicialmente a los terroristas o sospechosos y a quienes les ayudan o cobijan. También porque -aunque concebida al hilo de los ataques contra Nueva York y Washington- su texto, significativamente, no refleja distinciones formales entre terrorismo con designios planetarios o de otros ámbitos más localistas. Y por ahí podría abrirse la puerta para que países que sufren esta agresión dentro de sus fronteras invocaran a su amparo la cooperación internacional.