Una mecha en el polvorín gaditano

Como si se hubiera encendido una mecha en un polvorín, la política gaditana se ha visto sometida en los dos últimos años y medio a fuertes sacudidas. Cambios de gobierno; casos de transfuguismo; trasvase de ex concejales del GIL al PP o denuncias de especulación urbanística y enchufismo componen un paisaje de inestabilidad en varias instituciones. El fracaso de los grandes partidos y el poder decisorio de los grupos independientes son un elemento más de distorsión en este escenario.

Los partidos se han enfrascado en un cuerpo a cuerpo y se acusan de violar el pacto antitransfuguismo y el aislamiento del GIL, de enchufar a militantes o afines en las instituciones donde gobiernan y de cerrar acuerdos en los que subyacen intereses urbanísticos especulativos. En este tiempo, el mapa político de Cádiz ha sufrido cambios considerables desde las elecciones municipales de 1999.

El gran beneficiado de estos cambios ha sido el PP que gobierna o cogobierna en nueve ayuntamientos, pese a que sólo fue la lista más votada en cuatro localidades (Arcos, Barbate, Cádiz y San José del Valle). Para ampliar su cuota de poder municipal, los populares se han aliado con grupos independientes y ediles tránsfugas del GIL, del PA y de IU.

El último caso de violación del pacto antitransfuguismo se ha vivido en La Línea (59.293 habitantes), donde gobierna Juan Carlos Juárez, tránsfuga del GIL, junto con 16 ex concejales de esta formación, que recientemente se han afiliado al PP, que ya contaba con cuatro ediles en esta localidad.

El PP se ha buscado también extraños compañeros de viaje en otros cinco municipios. En Tarifa (14.993 habitantes), el alcalde es Juan Andrés Gil, un tránsfuga de IU, quien, con sólo 507 votos en las urnas, gobierna apoyado en el PP y en los independientes del TAIP.

Fernando Palma, un tránsfuga del GIL que se pasó al PP junto con otros dos ediles, gobierna en San Roque (22.168 habitantes) gracias al pacto con el PP y Unidad por San Roque (USR).

En Algodonales (5.691 habitantes), gobierna Antonio Gómez, del PP, con el apoyo del PA y de Juan Soto, un tránsfuga de IU. El alcalde de Sanlúcar de Barrameda (61.088 habitantes), el también popular Juan Rodríguez cuenta con el apoyo de dos tránsfugas del PA.

Y en Barbate (21.888), el alcalde es Juan Manuel de Jesús, del PP, y gobierna en minoría con el apoyo de dos tránsfugas de los independientes de Adelma. El PP comenzó el mandato municipal gobernando con esta formación, en la que figuraba Jesús López, conocido promotor urbanístico que llegó a afirmar que había llegado a la política para 'adquirir prestigio y beneficiarse personalmente'. López, valedor del proyecto Puerto de la Plata (origen del caso Juan Guerra), y De Jesús han cruzado querellas y acusaciones mutuas tras la salida del independiente del gobierno local.

En todos estos ayuntamientos, el PSOE ha acusado a los populares de 'enchufar' o 'contratar irregularmente' a militantes y afines al PP o de sus socios independientes o tránsfugas.

Sin llegar al pacto de gobierno, el PP ha ofrecido además apoyos puntuales al independiente Hernán Díaz Cortés, líder de la agrupación Independientes Portuenses (IP), que gobierna en minoría en El Puerto de Santa María (72.460). Sobre el alcalde portuense pesan denuncias de la oposición de opacidad y de extrañas operaciones urbanísticas.

La política de pactos del PP no ha ruborizado a sus dirigentes, que rechazan haber violado los pactos antitransfugismo y antiGIL. 'No son tránsfugas sino personas que se han afiliado al PP después de salir de su partido voluntariamente', dijo la presidenta regional del PP, Teófila Martínez, tras el pacto de La Línea, un acuerdo que negó durante semanas.

No obstante, el PSOE también ha cerrado acuerdos con independientes. El caso más claro es Rota (24.197 habitantes), donde el alcalde, Domingo Sánchez Rizo, pactó con tres concejales de Roteños Unidos. Ahora, esta agrupación ha dejado en la estacada al PSOE, que tendrá que gobernar en minoría o buscar el apoyo de IU.

En Jerez (182.269 habitantes), los vaivenes políticos del alcalde Pedro Pacheco -que ha pasado del PA al PSA- se han visto reflejados en las estrategia de pactos, informa Javier Benítez. El PSOE fue el bastón en el que se apoyó Pacheco para gobernar cuando estaba en el PA. Ahora, ha roto relaciones con los socialistas y tiende la mano a IU.

En definitiva, un total de 64 concejales de los 44 municipios gaditanos han formalizado su paso a grupos mixtos. Tanto el PA como el GIL han perdido 23 ediles. PSOE, PP e IU han sufrido también mermas y el resto de la lista se completa con los independientes. Sólo uno de los 64 tránsfugas devolvió su acta al partido por el que concurrió a las elecciones.

En Algeciras (101.907), el alcalde del PA, Patricio González, ha logrado la mayor estabilidad desde que dirige esta corporación al lograr un pacto sin fisuras, hasta el momento, con el PP, informa Cándido Romaguera. Este pacto PP-PA tiene también su traslación al Ayuntamiento de Villamartín (11.967), que preside el andalucista José Antonio González Pavón.

Los problemas no se han localizado sólo en los ayuntamientos. Algunas mayorías absolutas no han sido ajenas a escándalos políticos. En Cádiz (145.595 habitantes), la alcaldesa, Teófila Martínez, se ha topado con más problemas de los deseados. El último ha salpicado a su brazo derecho, Jorge Moreno, por las altas remuneraciones que percibe por su acumulación de cargos: concejal, diputado provincial y consejero de la RTVA. Éste es el cuarto caso que pone a Martínez en dificultades en este mandato. Anteriormente, ocurrió con el caso Afanas, que le costó el puesto al concejal de Bienestar Social; la trama china, sobre falsificación de documentos desde el consistorio gaditano para legalizar a inmigrantes; y el caso Zona Franca.

Las crisis municipales también se han trasladado a otras instituciones. En la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, PP y PA pretenden poner una moción de censura al socialista Manuel Manella, que gobierna en minoría. Para frenar esta iniciativa, Manella sustituyó a un representante del Ayuntamiento de Tarifa en esta institución, lo que ha provocado que esta corporación haya decidido abandonar la Mancomunidad.

Con todo, es la Diputación la institución que se ha convertido en el paradigma de la crispación. Los plenos son auténticas batallas políticas en las que los insultos marcan el ritmo de las sesiones. Las acusaciones sobre enchufismo y la sombra de una moción de censura han conducido al presidente, Rafael Román, a adoptar dos decisiones que le han valido un buen puñado de críticas.

El PSOE consumó un pacto con la edil de Independientes Portuenses (IP), María del Carmen Díaz, para garantizarse los apoyos suficientes hasta el final del mandato. Los socialistas han logrado la estabilidad que querían pero han pagado un alto precio por ello: han perdido el apoyo de IU, que se niega a gobernar con IP. La agrupación socialista de El Puerto de Santa María se ha desmarcado de esta alianza, que recuerda que Hernán Díaz Cortés (IP) llegó a estrujar una rosa roja (emblema socialista) en un mitin celebrado hace dos años.

El pacto coincidió además con uno de los peores momentos políticos de Román, quien días atrás había reconocido 'errores' en la política de contratación en esta institución.