Ebro y Les Gavarres: el fin de un mito

Había una vez un imaginario nacional: el sueño de una Cataluña auténtica, la periférica, defendida de la expansión intensa y voraz de una Cataluña metropolitana. Los gobiernos de Convergència i Unió han sublimado hasta el extremo este mito. Pero, más pronto o más tarde, la realidad desenmascara las ficciones. El Ebro y Les Gavarres han dado la puntilla al mito de la defensa paternal del territorio. ¿Qué tienen en común el Ebro y Les Gavarres, el sur y el norte? La patente realidad de un Gobierno que no escucha la voz del territorio, precisamente del mismo territorio que siempre ha presumido defender. No escucha a tantos catalanes del Sur cuando le dicen que las necesidades de agua de la Cataluña metropolitana pueden satisfacerse de formas alternativas y más baratas que el trasvase. Sin necesidad de degradar de forma irreversible el delta del Ebro y golpear tan duramente las posibilidades de desarrollo futuro de las comarcas del Ebro. Tampoco escucha a los catalanes del Norte cuando le dicen que las necesidades de suministro eléctrico de la Costa Brava central pueden resolverse de una forma menos agresiva, aunque quizás algo más cara. Sin necesidad de condenar el entorno cotidiano del territorio por donde transcurren las líneas de alta tensión, ni humillar a sus habitantes y representantes democráticos.

'No es propio de súbditos plantear inconvenientes ni problemas ante los altos designios del imaginario nacional. Por eso, al territorio se le ha mandado'

Existen, por supuesto, otras similitudes. La aplicación, en ambos casos, de una visión política trasnochada, en la que la provisión de servicios como el agua y la energía eléctrica se proyecta al margen de la preservación medioambiental del territorio, que es la garantía de un país sostenible. Por otra parte, las decisiones del Gobierno de CiU tanto en el norte como en el sur favorecen los intereses de grupos empresariales fuertes, que operan en situaciones de monopolio o en ámbitos como el de la construcción, donde la colisión entre poder y negocios reviste sus facetas más oscuras y preocupantes. Pero, sobre todo, ambos casos retratan una tradición asentada por CiU en el Gobierno: administrar el territorio como una finca y tratar a sus habitantes como súbditos tributarios de la Nación. Y, por supuesto, no es propio de súbditos plantear inconvenientes ni problemas ante los altos designios del imaginario nacional. Por eso, al territorio se le ha mandado. ¿Cómo íbamos a esperar ahora, después de veinte años, interlocución y diálogo? Las reformas territoriales de los ochenta son un buen ejemplo de esa idea del territorio. Su gran aportación fue la institución de nuevos ámbitos organizativos, las comarcas. Éstas tienen cierta potencialidad para la puesta en común de servicios locales. Pero han sido diseñadas para fines más prosaicos. Particularmente, para vertebrar una trama de personal político profesionalizado y controlar el territorio. La forma de configurar los consejos comarcales lo hace evidente. El peso relativo del voto es tan reducido que se dan casos tan espectaculares como los del Gironès y Baix Camp. En ambas comarcas CiU es el segundo partido en votos municipales, pero ostenta la mayoría ¡absoluta! en el consejo comarcal. Es el único ejemplo de mayoría absoluta con minoría de votos en el Hemisferio Norte. Se arguye que esto sirve para que las capitales no impongan su peso a los municipios pequeños. Pero la realidad es tozuda. A modo de ejemplo: CiU ocupa la alcaldía en dos de las cuatro capitales comarcales de las Tierras del Ebro: Amposta (Montsià) y Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre). Pues bien, la presidencia de los respectivos consejos comarcales es ocupada por un concejal de Amposta y por el alcalde de Móra d'Ebre.

Durante un tiempo fue conveniente que la política catalana pusiera un gran énfasis en el asentamiento y fortalecimiento de las instituciones nacionales. En el proceso de recuperación de nuestras libertades y del autogobierno esa debía ser la prioridad. Este proceso ha sido, en general, exitoso. Pero las dosis de centralismo interior han sido excesivas, como lo ha sido el intento de soslayar la pluralidad de intereses y, por tanto, de potenciales conflictos territoriales que Cataluña contiene en su seno, como cualquier otro país. Es hora de reconocer la pluralidad territorial, nuestro federalismo interior, para estar en mejores condiciones de resolver los conflictos. Porque el Ebro y Les Gavarres constituyen muestras palpables de que la imposición ya no esconde los problemas, sino que los encona.

La Cataluña periférica se ha hecho mayor de edad, y sus territorios deben poder expresar con su propia voz sus inquietudes y sus anhelos. Esta interlocución exige nuevas actitudes y nuevas instituciones. Por una parte, nuevas actitudes del Gobierno de Cataluña, que aplique sus políticas para el conjunto del país desde el diálogo con las partes. Por otra, nuevas instituciones que permitan canalizar la voz de los territorios. Después de veintitantos años de Estatut la reforma de la organización territorial de Cataluña ya no puede esperar más. Porque el corsé de la uniformidad ha saltado por los aires y el mito se ha desvanecido.

Germà Bel es profesor de Política Económica de la UB y diputado del PSC.