El comité de Santana cree que el lunes no habrá privatización

El comité de empresa de Santana Motor se concentró ayer en las puertas de la Delegación de Empleo como medida de protesta por la falta de acuerdo con la Junta sobre las condiciones laborales en las que pasarán casi 400 trabajadores desde una empresa matriz de Santana hasta el sector privado. Juan Salazar, presidente del comité, advirtió de que será imposible que la privatización se realice el día 1 de octubre, como está previsto, porque todavía faltan por cerrar acuerdos con tres empresas que deben emplear a 240 personas.

El Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) ya ha cerrado la venta de siete líneas de Santana, pero quedan aún otras tres. Para dos líneas, resaltó Salazar, hay conversaciones con dos empresas, pero para la última ni tan siquiera hay candidatos claros. La Junta ha advertido de que el lunes en Santana sólo pueden quedar 631 trabajadores, hecho que destacó el presidente del comité como una realidad, puesto que en diciembre pasado se creó Útiles del Sur, que agrupa las líneas de trabajo que ahora se están vendiendo. Santana y representantes de los trabajadores no llegan a un acuerdo sobre las condiciones laborales en las que pasarán los miembros de Útiles del Sur a las nuevas empresas, y si se mantienen las posturas, Salazar aventuró que la tensión actual 'puede explotar'.

Consecuencias 'terribles'

Lo que teme el comité de empresa es que Santana decida optar por un expediente de regulación de empleo para dar salida a la confrontación. Una opción que Salazar calificó de 'temeraria e imprudente'. Además, añadió que las consecuencias de una decisión así podrían ser 'terribles'. La Junta ha advertido ya a los trabajadores de que no se aceptarán sus demandas, consistentes en que los empleados que pasen al sector privado mantengan las condiciones económicas, sociales y laborales de que gozan en Santana.

Salazar aseguró que si en las nuevas empresas privadas que entran se aplicase el convenio del metal vigente en la provincia, los trabajadores perderían una media de un millón de pesetas anual. Además, se niegan a aceptar una reducción de salarios que terminaría repercutiendo sobre sus cotizaciones sociales y haciendo que bajase el cómputo final para determinar la pensión de jubilación.

Por este motivo no consideran que las indemnizaciones que ofrece la Junta a los trabajadores que pasen a las privadas sean una buena solución. Éstas consisten en 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades si las privadas aceptan el convenio de Santana, lo que implicaría que como máximo los trabajadores recibirían 2,5 millones de pesetas. En el caso de que la privada no aceptase las condiciones laborales de Santana se abonarían 35 días por año con 30 mensualidades como máximo. Eso implicaría cantidades entre los tres y los 7,5 millones de pesetas. 'Pero siete millones son muy pocos los que los cogerían', advirtió Salazar.