La policía de la Generalitat ocupa Llagostera para imponer la polémica línea de Fecsa

Un impresionante despliegue de mossos d'esquadra antidisturbios abre paso desde ayer a la línea eléctrica de Les Gavarres en el municipio de Llagostera, el último reducto que mantenía su oposición a un tendido que deja tras de sí una estela de agravios y tensiones. Han resultado infructuosos todos los intentos del alcalde, Lluís Postigo, y de un nutrido grupo de vecinos congregados en la Coordinadora Anti-Línea por impedir la reanudación de las obras. La decisión del Gobierno de CiU de imponer por la fuerza la línea de Fecsa mereció ayer la crítica unánime de los partidos políticos, incluido el PP, y de la Federación de Municipios, mientras que el presidente de la compañía, Juan Rosell, aplaudía en solitario la medida.

Ni las argucias legales del consistorio ni las acciones desesperadas de un concejal exaltado que llegó a las manos con un mosso y de un joven que se lanzó bajo un camión de la compañía han conseguido detener la triple alianza formada por operarios eléctricos, fuerza pública y asesores jurídicos de la Generalitat. Juan Rosell, presidente de Fecsa y de la patronal catalana Fomento del Trabajo, anunció ayer que la línea entre Juià y Castell d'Aro puede entrar en servicio dentro de 10 días.

Junto a la empresa Elecnor, en el polígono industrial de Llagostera, concidieron ayer de buena mañana unos 80 agentes antidisturbios y un centenar de vecinos. Los primeros tenían orden de despejar el camino a los operarios de la eléctrica, a poco menos de 24 horas de que el Gobierno de la Generalitat decretara 'por razones de interés público' que se reanudasen las obras del tendido de alta tensión, bloqueadas por el consistorio. Los manifestantes tenían como objetivo evitar la salida de máquinas y empleados de la nave industrial. Se vivieron escenas de tensión entre los policías y los contrarios al tendido, con el alcalde Postigo al frente, aunque los agentes no actuaron con contundencia. El concejal de Medio Ambiente, Jordi Noguera, aseguró haber recibido un puñetazo de uno de los tres agentes con los que discutió y presentó denuncia ante el juzgado.

Postigo quiso evitar, alegando falta de licencia municipal de actividades de la empresa subcontratada por Fecsa, que la comitiva laboral se encaminara hacia la línea. El Ayuntamiento había ordenado, sin éxito, el desalojo de las dos naves que Elecnor posee en la población. También había comunicado a la compañía que, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, debía proceder al derribo de las torres. Pero de nada sirvieron estas estrategias legales. A las doce del mediodía, ante el estupor y la rabia del vecindario, los operarios se pusieron manos a la obra. La policía municipal, impotente, no pudo oponerse al inicio de los trabajos.

El alcalde levantó acta de lo que considera una injerencia intolerable en el ámbito de decisión municipal. Postigo ha solicitado el amparo de los tribunales por lo que la actuación de la Generalitat tiene de atropello e ilegalidad. Por otra parte, el consistorio interpreta que el decreto aprobado por el Consell Executiu de la Generalitat no explicita el inicio inmediato de las obras, contrariamente a lo que han entendido Fecsa y la asesora jurídica de Gobernación enviada a la zona de conflicto.

Postigo criticó que Llagostera amaneciera ayer 'invadida' por los Mossos d'Esquadra. El despliegue policial fue incluso criticado por CiU de Llagostera. El consejero de Interior, Xavier Pomés, lo justificó alegando la necesidad de 'contener' el nerviosismo que vive la población.