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Enseñanza se resiste a informar a los jueces sobre los conciertos

Los colegios de élite cambian este curso la forma de sus recibos

El Departamento de Enseñanza sigue resistiéndose a entregar la mayoría de los informes de los expedientes sobre la concesión de conciertos educativos a siete colegios de élite, pese a la reiterada orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de que se los entregue. El pasado mes de marzo, el TSJC admitió a trámite el recurso interpuesto por el sindicato USTEC-STES contra la financiación pública de estos centros que cobran mensualidades de hasta 100.000 pesetas.

El sindicato pidió los informes para redactar la demanda. Poco antes del verano, Enseñanza entregó tan sólo una parte de los documentos al Alto Tribunal, si bien algunos de ellos ya desvelaban que la titular del departamento, Carme-Laura Gil, había concedido los conciertos educativos a estos centros en contra de los informes de sus inspectores.

USTEC reclamó entonces un total de 13 documentos más, lo que fue aceptado por el TSJC, que volvió a insistir a la Administración catalana para que los entregara. Ayer, el sindicato hizo pública una nota en la que denuncia que sólo ha recibido 4 de los 13 documentos y que faltan los informes de las inspecciones en relación 'con las solicitudes iniciales'.

El sindicato asegura que, tras 'hablar con diferentes inspectores', tiene 'indicios' de que todos ellos eran negativos a la concesión del concierto. Pese a la resistencia de Enseñanza, USTEC presentará la semana próxima la demanda ante la Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo del TSJC, en la que pedirá la anulación de los conciertos educativos a las escuelas Súnion, Sil y Saint Paul's School, de Barcelona; Pere Vergés, de Badalona, y Viaró, La Farga y La Vall, situadas en el Vallès Occidental y vinculadas al Opus Dei.

Los servicios jurídicos de USTEC consideran que, aun sin disponer de la documentación que les oculta Enseñanza, tienen argumentos y pruebas suficientes para formalizar la demanda ante el TSJC, aunque suponga un 'gran perjuicio a la hora de argumentarla jurídicamente'.

Uno de los argumentos será la 'falta de justificación' por parte de la Generalitat para conceder las ayudas. 'Cuando la Administración concede subvenciones, debe explicar las razones por las que lo hace', explica Carles Martínez, portavoz del sindicato. 'En este caso', añade, 'aún estaba más obligada ya que las había negado en una primera ocasión y las concedió en la segunda sin ningún argumento'.

Otro de los argumentos de la demanda es que, según la ley, los colegios privados que gozan de concierto con la Administración pública deben impartir clases de forma totalmente gratuita, lo que en el caso de estos centros no se cumple. En uno de los documentos entregados por Enseñanza, el contrato del concierto educativo entre el colegio Saint Paul's School de Barcelona y la Generalitat, el apartado cuarto dice que el titular de la escuela 'se obliga a impartir la enseñanza de manera totalmente gratuita, sin percibir ningún concepto que, directa o indirectamente, suponga una contrapartida económica por la realización de estas enseñanzas'.

La Saint Paul's School, situada en la parte más exclusiva del barrio de Pedralbes, y que cambió su nombre por el de Sant Pau para acogerse a la financiación pública, aunque mantienela versión inglesa del mismo en su fachada, cobraba el curso pasado, abiertamente bajo el concepto de escolarización, hasta 100.000 pesetas mensuales por alumno. Otros centros esconden estos emolumentos bajo la apariencia de donaciones a fundaciones sin ánimo de lucro, que están obligadas a oferecer transparencia, aunque en la mayoría de los casos no lo hacen.

Este curso, sin embargo, algunos centros que tuvieron problemas relacionados con estas fundaciones han cambiado la fórmula de sus recibos. En la factura del colegio Pere Vergès, de Badalona, ya no figura la fundación del mismo nombre, sino simplemente la palabra 'donativo'.

La normativa sobre conciertos educativos deja bien claro que al recibir subvención pública estos colegios se someten al control de la Administración, no sólo en sus contenidos lectivos, sino también en sus prácticas mercantiles, tales como las actividades complementarias que ofrecen a sus alumnos, previo pago. De la documentación a la que ha tenido acceso USTEC se desprende, según el sindicato, una 'falta absoluta de control sobre el precio de las actividades complementarias'. El sindicato ha denunciado ante el TSJC que la Administración catalana no ha facilitado ningún documento sobre los recibos cobrados en relación con las actividades complementarias.

Movilizaciones

Según Martínez, la falta de esta documentación tan importante 'puede significar dos cosas: o que Enseñanza está escondiendo esta información porque pudieran haber cifras muy altas o bien que simplemente estos documentos no existen y no hay ningún tipo de control ni de cumplimiento de la normativa'.

Por otra parte, los sindicatos de la Enseñanza pública no universitaria amenazan con movilizaciones si la Generalitat no aumenta la oferta retributiva que les fue comunicada en la reunión de ayer de la mesa sectorial de negociación. El departamento ha subido su oferta de retribución desde los 9.300 millones del pasado 27 de junio a los 10.700 millones que ofreció ayer.

Según la portavoz de USTEC, Rosa Cañadell, este aumento se debe a que se ha incluido la partida para gratificaciones complementarias por jubilaciones voluntarias previstas en la LOGSE, y ya aprobadas el pasado enero, mientras que en la última propuesta de la Generalitat 'sólo se incluía el complemento específico docente para todo el profesorado'. Desde CC OO, Luz Hernández, advirtió de que 'si la Generalitat no incrementa sus propuestas, el conflicto puede agudizarse'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de septiembre de 2001