Salto en Gescartera

La imputación del ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna, decidida ayer por la juez Teresa Palacios, constituye un salto cualitativo en la búsqueda de responsabilidades penales por el escándalo de Gescartera. La investigación judicial trasciende el núcleo directivo de la agencia de valores para entrar de lleno en el ámbito institucional e incluso en el área propia del Gobierno. A Giménez-Reyna le ampara el derecho a la presunción de inocencia, pero la imputación penal de un cargo público de la relevancia de un secretario de Estado no puede dejar de tener concretos efectos políticos, según la doctrina establecida por el PP cuando estaba en la oposición y arremetía contra el Gobierno socialista en situaciones análogas.

Las responsabilidades penales son por definición de carácter personal. Pero quienes propusieron a Giménez-Reyna para el cargo o decidieron su nombramiento quedan a partir de ahora directamente enfocados. Al Gobierno le será difícil, salvo que opte por corregir radicalmente su propia doctrina, rechazar de plano cualquier responsabilidad, aunque sólo sea in vigilando, por la actuación de un director general de Tributos elevado luego al rango de secretario de Estado de Hacienda. Que la depuración de tales responsabilidades deba esperar al término de la investigación judicial, como señalan Rato y Montoro, es exactamente lo que el PP censuró a sus antecesores.

Giménez-Reyna alegó en julio que dimitía de su cargo por el desgaste institucional que estaba provocando su parentesco con la presidenta de Gescartera. La realidad que se ha ido conociendo desde entonces revela una participación mucho más directa ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para favorecer a la empresa que presidía su hermana. Su imputación penal ilumina mucho mejor las verdaderas causas de su dimisión.

La imputación era previsible desde el momento en que el dietario de su hermana Pilar, presidenta de Gescartera, fue incorporado al sumario que instruye la juez Palacios. Esta agenda describe con algunos pormenores las gestiones realizadas en 1999 por el entonces director general de Tributos en favor de Gescartera, con ocasión de la primera investigación en profundidad que se hizo ante un agujero de 1.000 millones de pesetas invertidos por el arzobispado de Valladolid. Aún faltan por conocerse las referencias a los años 2000 y 2001.

Desde los aledaños del PP se ha restado importancia al dietario. Pero la imputación de Giménez-Reyna echa por tierra esa apreciación. La juez le ha otorgado en principio la suficiente credibilidad como para considerar que sus anotaciones apuntan a la posible comisión de delitos. No es descartable que a la imputación del ex secretario de Estado de Hacienda sigan otras, de acuerdo con la escandalosa maraña de relaciones inconvenientes que se dibujan entre instancias públicas e intereses privados en torno a Gescartera.