Responsables

Chaves va marcando un ritmo más moderado, es lo suyo, a la cuestión de la policía autonómica. El robo de los 15 sumarios de Marbella llevó a consejeros y otros cargos a reivindicar la policía autonómica como solución inmediata al escándalo. Además se ha hablado de destinar los efectivos policiales autonómicos a tareas de vigilancia urbanística, medioambiental y otras relacionadas con la infancia y asuntos sociales. Los andalucistas e Izquierda Unida han convertido el asunto en cuestión de identidad y en la razón de ser andaluces. El presidente Chaves, sabedor de las dificultades y sobre todo de los costes económicos y políticos que supondrá dicha policía, ha dejado la reivindicación en un asunto para otra legislatura.

Dos aspectos de este proyecto merecen comentario. Sorprende la obsesión comparatista que a algunos les embarga. Llega a ser ridícula la cantinela esa de 'como en el País Vasco y Cataluña'. Si ellos tienen una policía autonómica -dicen-, nosotros también. Da lo mismo saber que las condiciones y naturaleza de esas sociedades son distintas. Todos sabemos lo que supuso la creación de la Ertzaintza para aflojar la tensión en aquellas tierras y eliminar el fantasma de la 'Guardia Civil extranjera'. Además no sabemos cómo funcionaría eso de tener cuatro cuerpos de seguridad en el mismo territorio andaluz, actuando sobre asuntos que pueden ser distintos pero que se entrecruzan en sus ramificaciones.

Pero interesa sobre todo destacar que tanto en el asunto de los robos de sumarios de Marbella como en el control urbanístico el problema está en su origen. Los sumarios que fueron sustraídos indican un grave problema de corrupción administrativa y económica en los propios juzgados, según vienen confirmando autoridades judiciales en los últimos días. Y en urbanismo el problema está en algunos gobiernos locales, donde se ampara, protege e incluso se inicia la ilegalidad urbanística. Tanto en uno como en otro ámbito las responsabilidades deben alcanzar principalmente a la política y al gobierno de los jueces. Estamos, por tanto, ante asuntos de índole política y no estrictamente policial.