Salanueva dijo que no se había llevado una peseta

La historia judicial de Carmen Salanueva se inició con el supuesto fraude de papel prensa para el BOE, aunque cobró mayor impacto popular la utilización del nombre de la Reina para adquirir cuadros a precios muy reducidos. Salanueva engañó a seis artistas, a los que compró una serie de cuadros de gran valor, de los que obtuvo importantes rebajas -alguno incluso se lo regalaron-,asegurando que eran para la reina doña Sofía y para Carmen Romero, esposa de Felipe González, entonces presidente del Gobierno.

El asunto de los cuadros la llevó a ser condenada en diciembre de 1995 a cuatro años de prisión por un delito continuado de estafa. Confirmada la sentencia por la Audiencia de Madrid, Salanueva ingresó en abril de 1996 en la cárcel de Soto del Real (Madrid), pero salió de prisión año y medio después, en noviembre de 1997, por graves motivos de salud. Ya entonces se le había detectado un cáncer, que acabó con su vida el 19 de enero de 2000.

La ex directora del BOE falleció antes de que pudiera ser juzgado el presunto fraude en la imprenta oficial. Salanueva siempre defendió que no se había llevado ni una peseta de los fondos públicos destinados al Boletín Oficial del Estado.

Previamente a la investigación judicial, se produjeron sendos informes de la Intervención General del Estado, como consecuencia de los cuales el entonces ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero -de quien dependía el organismo autónomo que edita el BOE-, instó la actuación del ministerio fiscal a través del fiscal general del Estado.

El fiscal solicitó autorización judicial para intervenir los teléfono de tres de los implicados. Como resultado de las escuchas, Salanueva fue detenida pero quedó en libertad bajo fianza de 15 millones de pesetas tras prestar declaración.

La fiscalía solicitó para ella 14 años de cárcel por un supuesto fraude que habría alcanzado los 650 millones de pesetas, consistente en comprar papel para la rotativa del BOE 'a un precio muy superior' al que entonces regía en el mercado.

El tribunal que ahora ha juzgado el caso ha prescindido de las valoraciones iniciales de los peritos y ha preferido otro encargado por la juez de instrucción a una empresa de ingeniería, que sostiene que el precio de mercado se aproximaría mucho más a las 142 pesetas el kilo, que a las 86 que entonces valoró la Intervención del Estado.

El tribunal concluye que no puede dar por probado que efectivamente se hubiese pagado un precio superior al de mercado, ante lo cual debe absolver a todos los procesados.