Un lustro de luchas internas

La CNMV, durante el periodo del Gobierno del Partido Popular, ha estado marcada por luchas internas entre su cúpula directiva y por la aparición de tres escándalos que desvelaron la contaminación de intereses. Así, se ha desvirtuado su función de vigía de los mercados y de sus actores. Siempre hubo importantes desacuerdos entre el anterior presidente, el abogado Juan Fernández-Armesto, y su vicepresidente, Luis Ramallo (ex diputado del Partido Popular), y esa división se extendía a un consejo enfrentado.

El caso del ex presidente de Telefónica Juan Villalonga, investigado por la compra de opciones sobre acciones de Telefónica usando información privilegiada, puso bien a las claras las disputas del consejo, así como la arbitrariedad a la hora de investigar. Villalonga fue investigado en 1998 por la compra de unas opciones sobre acciones de Telefónica mientras se negociaba en secreto una gran alianza internacional, pero el caso se cerró sin indicios de culpabilidad.

Una vez que Villalonga cayó en desgracia dentro del Gobierno del PP, a una insinuación en junio de 2000 del presidente, José María Aznar, Luis Ramallo volvía a reabrir el caso. Y Ramallo, sin pudor alguno hacia su compañero, acusaba a Juan Fernández-Armesto de ocultar información a los consejeros sobre la investigación realizada en 1998. En agosto de 2000, una vez dimitido Villalonga, la CNMV exculpaba al ya ex presidente de Telefónica de utilizar información privilegiada en la compra de esos activos.

La profunda crisis de la CNMV terminó con la salida de Fernández-Armesto, en octubre de 2000. No obstante, este presidente dejaba sin cerrar dos importes escándalos financieros por un importe superior a los 33.000 millones de pesetas. En febrero de 1998, la Comisión descubrió un agujero de 15.000 millones de pesetas en la agencia de valores AVA, que operaba en Zaragoza. Una historia que dejó entrever las carencias del organismo supervisor, ya que esta agencia, sin permitírselo la ley, actuaba por cuenta propia, ofreciendo ganancias muy superiores a las que regían en los mercados.

El caso Gescartera, que llevó a dimitir ayer a la actual presidenta de la Comisión, Pilar Valiente, y cuyo quebranto se cifra en 18.000 millones de pesetas, ha estado trufado de irregularidades, amiguismos y favores inexplicables. Un caso que también ha afectado al propio consejo de la CNMV, ya que el consejero José Manuel Barberán, encargado de la supervisión, cesó en diciembre del pasado año y su puesto no ha sido aún cubierto.

Las luchas internas en la Comisión llegaron también con el caso Gescartera y alcanzaron a sus directores generales y técnicos, con nombramientos arbitrarios a personas sin ningún currículo ni experiencia en los mercados financieros y con la dimisión o el traslado de los inspectores que mostraron más eficacia en el seguimiento de las irregularidades.

Un trato especial que facilitó el engaño de Gescartera a la CNMV con cheques falsos, que autorizó a una agencia expedientada sin cumplir los requisitos, que ocultó el turbio pasado de sus administradores y que, lo más lamentable, ha hecho perder 18.000 millones a muchos incautos inversores confiados en que la Administración les protegía.

Octubre ha sido nuevamente un mes clave en la reciente vida de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), organismo creado en 1989 al amparo de la Ley del Mercado de Valores. En octubre de 1996 llegaba Juan Fernández-Armesto a la presidencia del organismo supervisor, abriendo una nueva etapa tras el triunfo del Partido Popular en las elecciones de marzo de ese año y después de ocho años de mandato de Luis Carlos Croissier.

En octubre del pasado año, Pilar Valiente, consejera de la CNMV desde 1998, accedía a la presidencia, en la que no ha llegado a permanecer ni un año. Será también este octubre cuando tome posesión un nuevo presidente de este organismo encargado de velar por la seguridad de los inversores y que todos -emisores, intermediarios e inversores- cumplan las reglas del juego. Pero en el mundo del dinero se mezclan con demasiada frecuencia los intereses políticos con los económicos y los personales. El interés político o personal ha rodeado a muchas de las decisiones que este organismo debería tomar siempre desde la óptica de la defensa de los inversores, del buen funcionamiento de los mercados y de la igualdad de oportunidades para sus intervinientes.