PP y CiU rechazan en el Congreso modificar los acuerdos con la Santa Sede

Luis Carlos Rejón, diputado de IU, retó ayer al PP a que demuestre con su voto que en España no existen ya vestigios del nacionalcatolicismo y que la transición también se ha producido en el sector de la enseñanza. Rejón defendió una moción instando al Gobierno a gestionar la modificación de los acuerdos con la Santa Sede para impedir el despido de profesores de religión por causas privadas. El PP y CiU votaron en contra.

El Grupo Popular rechazó anoche en el pleno del Congreso de los Diputados la moción de Izquierda Unida que instaba al Gobierno a que 'impida' que los profesores de religión pagados con fondos públicos puedan ser discriminados o despedidos por la Iglesia por motivos 'en clara confrontación con el espíritu y los valores' de la Constitución. El PP, a través del diputado Joaquín Calomarde, reiteró la posición ya conocida del Ejecutivo, en el sentido de que España está atada por los acuerdos bilaterales con la Santa Sede firmados en 1979, insistiendo en la neutralidad en ese conflicto, por razones de legalidad y por respeto al laicismo del Estado.

Antes, el portavoz de IU había pedido al Ejecutivo la modificación de los criterios de renovación de los profesores de religión ya contratados por las autoridades educativas públicas, de tal manera que las renovaciones sean automáticas y los ceses a instancias de las autoridades religiosas sólo se produzcan por motivos exclusivamente profesionales.

Profesor o catequista

Rejón reclamó, asímismo, al Ministerio de Educación que restituya 'de forma inmediata' en sus puestos de trabajo a las profesoras despedidas Resurrección Galera, Francisca Urbano y María del Carmen Galayo, así como a los docentes que hayan sido objeto de similar trato por parte de la Iglesia católica y las autoridades educativas españolas.

'El problema fundamental es que por parte del Gobierno y de la Iglesia católica no se sabe distinguir lo que es un profesor de religión de lo que es un catequista', sostuvo Rejón, que invitó al Grupo Popular a votar 'como dice que piensa Alberto Ruiz-Gallardón, y no como dice que piensa Manuel Fraga'. Ruiz-Gallardón, presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y dirigente del PP, manifestó la semana pasada su disgusto por 'el error' que en su opinión comete la Iglesia y advirtió a los prelados de que esperaba que ese comportamiento no se produjera en la comunidad de Madrid.

El resultado de la votación reflejó una sorpresa cuando el grupo parlamentario de CiU, que había manifestado enérgicamente, a través de su portavoz Ignasi Guardans, su rechazo a la actuación de los prelados y la necesidad de reformar el convenio bilateral que permite esas actitudes, decidió votar en contra de la moción de IU, que recibió 121 sufragios favorables (PSOE, IU y Grupo Mixto), y 166 votos en contra (los del PP y CiU). Los diputados del PNV habían abandonado el hemiciclo poco antes de la votación, después de que su portavoz, José Juan González de Txabarri, asegurase que en el País Vasco no ocurría lo que se estaba denunciando.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Amparo Valcarce, puso sobre la tribuna de oradores el reto del 'sentido común'. 'La sociedad española percibe que lo que está ocurriendo va contra el sentido común. Pedimos que se restablezca. No es presentable que se despida por las razones que esgrimen los prelados', dijo.

Valcarce terminó retando al Ejecutivo y al PP a que obren en consecuencia porque, de lo contrario, serán cómplices de una situación contraria a la Constitución y a derechos humanos fundamentales.