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Columna
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Opinión pública y política exterior

Mientras el presidente Bush recibía el pasado viernes el apoderamiento unánime del Congreso para elegir la forma de responder a los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, el Gobierno de Aznar -comprometido como miembro de la OTAN a prestar apoyo a Estados Unidos según el artículo 5 del Tratado de Washington- anunciaba, a través de su ministro portavoz, que 'no consideraba necesario' convocar a la Cámara para informar a los diputados sobre la dramática situación creada por el desafío terrorista. Las diferencias institucionales entre los sistemas presidencialista y parlamentario no bastan para explicar actitudes y comportamientos tan divergentes: la hermeneútica jurídica de la Constitución de 1978 aplicada a fundamentar una visión restrictiva de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo no sirve en absoluto para excusar la falta de sensibilidad política del Gobierno. La lógica democrática exige que los representantes de la soberanía popular participen en las decisiones y dispongan de los datos necesarios para hacerlo de manera informada

En abierto constraste con el cierre de filas suprapartidista de la clase política estadounidense, puesto de relieve por las votaciones del Congreso y la asistencia de todos los ex presidentes a las ceremonias de duelo, la intervención de Aznar en un mitin del PP cometió el deplorable desliz de manipular emocionalmente la angustia creada entre la gente por el atentado terrorista en Estados Unidos para respaldar la candidatura electoral de Fraga. A nadie le será fácil creer, en cualquier caso, que la continuidad del fundador del PP y ex ministro de Franco al frente de la Xunta constituya realmentre ese símbolo de los valores democráticos y de la libertad que Aznar -su sucesor en la presidencia del Partido Popular - proclamó desde la tribuna.

El menosprecio hacia el Parlamento mostrado por el Gobierno y la manipulación partidista de una cuestión de Estado realizada por Aznar sabotean el esfuerzo colectivo necesario para suplir las insuficiencias de información de la sociedad española sobre los escenarios y las implicaciones de la lucha contra el terrorismo. No basta con el trabajo realizado por los medios de comunicación: el Gobierno y el Parlamento deben promover ese debate. La democracia es un régimen de opinión: su buen funcionamiento depende de que los ciudadanos dispongan de información para entender la complejidad de los problemas. Si algunos sectores de la sociedad civil tienen dificultades para pronunciarse sobre cuestiones de política interna más allá de su experiencia cotidiana, esa pasividad indiferente se multiplica a propósito de la política internacional.

Gran parte de la lucha contra el terrorismo fundamentalista islámico -relacionado a través del mercado de armas con organizaciones europeas del mismo signo pero de distinta ideología- se librará en territorios gobernados por valores culturales, convicciones religiosas, identidades étnicas, sistemas políticos y niveles de renta muy alejados del mundo occidental. La respuesta a los atentados de Nueva York y Washington tomará en cuenta datos que los ciudadanos suelen conocer mal. Sirva de ejemplo Afganistán, una zona estratégica para la historia del comercio desde la Ruta de la Seda desgarrada por conflictos tribales y con un belicoso pasado. Estados Unidos financió a muyahidin reclutados en diferentes países por organizaciones islamistas -Bin Laden participó activamente en esa labor- para luchar contra la invasión soviética de 1979; tras la retirada en 1989 del Ejército Rojo, señores de la guerra de diversas etnias (pashtunes, tayikos, hamaras, uzbekos) combatieron a sangre y fuego para apoderarse de las estructuras estatales residuales de un país reducido a la miseria: los talibán nacieron en 1994 bajo el patrocinio de Pakistán y Arabia Saudí, con la inicial tolerancia americana. Los efectos perversos causados hasta ahora en la zona por el 'gran juego' de la política internacional, una expresión de lord Curzon recogida por Ahmed Rashid (Los talibán, Península, 2001), no deberían ser olvidados por los diseñadores de los nuevos planteamientos estratégicos para combatir el terrorismo fundamentalista.

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