Sólo cuatro universidades y 79 copisterías pueden fotocopiar libros

Sólo 79 copisterías de Andalucía tienen licencia para realizar legalmente fotocopias de libros, lo que representa un 22,1 por ciento de los establecimientos españoles autorizados -358-, según datos del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO). Por provincias, Granada, con 26, es la que cuenta con más copisterías en posesión de una de las licencias que otorga CEDRO para controlar la reproducción parcial de las obras de sus socios -autores o editores- y conseguir que éstas se hagan respetando los derechos de autor y las leyes de propiedad intelectual.

Le siguen, Sevilla, con 24, Málaga, con 17, y de lejos, Córdoba, con seis, Huelva, con cuatro, y Cádiz, con dos. Ninguna copistería de Jaén posee esta licencia. Además, están autorizados todos los centros educativos de las universidades de Cádiz, Córdoba y Jaén y algunos de Granada, mientras que en las de Almería, Huelva, Málaga, las dos de Sevilla y la Universidad Internacional de Andalucía, ningún centro tiene licencia. Igualmente, cuentan con autorización las ocho bibliotecas públicas provinciales dependientes de la Junta y, en el ámbito privado, tres academias de idiomas de Granada, Málaga y Sevilla.

Obtener la licencia obliga al establecimiento o institución que la solicita a pagar un cantidad por las copias realizadas con objeto de satisfacer los derechos de autor y 'por ello son mayoría los que reproducen material de forma ilegal', asegura el presidente de CEDRO, Juan Mollá. 'No es excusa decir que los libros son caros, porque no por eso vamos y los robamos de las librerías', subraya Mollá.

Según el último control realizado por CEDRO a cerca de 3.000 establecimientos, anualmente se fotocopian en España 4.812 millones de páginas de material protegido, lo que equivale a 24 millones de libros y a unas pérdidas que rozan los 4.000 millones de pesetas. La mayor parte de personas que realizan fotocopias ilegales se encuentran vinculadas al mundo de la educación (32,8 %), pero le siguen de cerca las administraciones públicas, que fotocopian ilegalmente más de 1.300 millones de páginas al año.