El Gobierno recurre el cierre del área de El Pinar clausurada por supuestos malos tratos

La Consejería de Servicios Sociales ha recurrido el cierre cautelar ordenado por un juez de instrucción del módulo cero del reformatorio El Pinar, dependiente de la Comunidad pero gestionado por la asociación privada Cicerón. El cierre fue decretado tras una querella por parte de la Fiscalía de Menores en la que se recogían denuncias de supuestas torturas a los chicos en el centro. Fuentes de la consejería han negado que en el centro se maltrate a los menores, aunque admite que se les aplican 'medidas de contención' cuando su actitud es muy conflictiva. El PSOE e IU han recordado sus críticas a la decisión de encomendar la gestión del centro a manos privadas y han solicitado a la Comunidad que rescinda el contrato con Cicerón.

Esperanza García, gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, aseguró ayer que la consejería no va a abrir ninguna investigación sobre los hechos relatados en la querella, que fue interpuesta tras una visita sorpresa realizada el pasado verano por una comisión judicial integrada por una fiscal, un forense y un secretario judicial para comprobar si eran ciertas las denuncias de familiares y colectivos de apoyo a menores sobre supuestos malos tratos. La consejería sólo admite que el módulo cero se ha cerrado, y sus internos, trasladados al centro El Renasco, porque no estaba en buenas condiciones de habitabilidad, aunque atribuye estas deficiencias a destrozos causados por los propios internos, ya que la visita sorpresa se giró días después de que éstos provocaran un incendio en el recinto

'No creemos que sea necesario investigar, porque tenemos tres coordinadores en el centro de manera permanente. Si hubiera pasado algo, estaríamos enterados', señaló García. Estos tres coordinadores, que desempeñan su labor en El Pinar desde primeros de julio pasado, fueron colocados en el reformatorio por la propia consejería tras dos fugas, otra fuga frustrada y un motín de menores en el centro para tener un mayor control del mismo

Según informó la cadena SER de fuentes judiciales, en la querella se recoge, entre otras, la denuncia de un menor que señala que en la noche del 26 de agosto los vigilantes le partieron el labio y la mano derecha. Antes de empezar a golpearle, le habían esposado al somier de la cama, sin colchón, le tumbaron boca abajo y le sujetaron los pies con una cuerda.

El 3 de septiembre, otro interno denunció que cuatro vigilantes le esposaron boca abajo, le pegaron con sus porras de goma y le pusieron almohadas en la cabeza y en la espalda para que las marcas no se notaran. En la querella también se relata que otros menores han dormido esposados muchas veces y que en ocasiones se han autolesionado para ser llevados a otro módulo.Desde la consejería se han negado las acusaciones de malos tratos y se ha asegurado que a los internos tan sólo se les aplican 'medidas de contención' tal y como prevé la Ley del Menor que entró en vigor el pasado 13 de enero. Sin embargo, dicha ley no ha sido desarrollada reglamentariamente por el Gobierno central, por lo que su aplicación puede ser interpretada subjetivamente. Fuentes de la consejería señalaron que en el próximo debate sobre el estado de la región planteará al Gobierno que reclame dicho desarrollo reglamentario.

García aseguró también que cuando se aplican dichas medidas de contención se da parte a las instancias judiciales competentes, y lamentó la 'falta de fluidez' entre la Fiscalía de Menores y la Administración regional a la hora de aplicar la Ley del Menor. 'Cuando el fiscal de menores, Félix Pantoja, visitó el centro en abril, tras una denuncia de malos tratos efectuada por el Instituto San Fernando [ubicado en el mismo recinto que El Pinar], recibí una llamada suya felicitándonos por cómo habíamos organizado el centro', recordó. 'Un par de meses después, desde esa misma fiscalía se interpone una querella'. La consejería recordó también las dificultades de trabajar con los menores que han cometido delitos y que salieron de la cárcel en aplicación de la nueva legislación para ingresar en estos centros.

Críticas de la oposición

La decisión del juez de cerrar un módulo de El Pinar provocó ayer la indignación en los grupos de oposición de la Asamblea de Madrid, informa Rodolfo Serrano. El PSOE e Izquierda Unida exigieron que el Gobierno se hiciera cargo 'inmediatamente' de la gestión del centro.

La socialista Elena Vázquez se mostró especialmente ácida al reprochar a la Consejería de Servicios Sociales que hubiera despreciado cuantas advertencias se le hicieron en su momento sobre 'el error de entregar en manos privadas un tema tan delicado como la formación de jóvenes conflictivos'. El PSOE exigirá al Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón que rescinda el convenio suscrito con Cicerón, que vence el 31 de diciembre, y que vaya preparando la provisión de puestos de tal manera que en enero se lleve a cabo el traspaso de la gestión a manos públicas. Vázquez recordó las comisiones celebradas en la Asamblea en las que todas las advertencias de la oposición eran contestadas con indiferencia o tachándolas de demagógicas. La parlamentaria socialista no negó que los internos plantean serios problemas de convivencia: 'Pero por eso precisamente requieren de un cuidado especial y de un personal altamente cualificado'.