Algunos obispos piden a sus profesores un porcentaje del salario que paga el Estado

Algunos profesores de religión, contratados y pagados por el Estado, deben contribuir con un porcentaje de su salario a las arcas de la Iglesia, según los documentos aportados ayer por el presidente de la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER), Luis Guridi. 'Un impuesto revolucionario del que depende nuestro futuro trabajo', dijo en alusión al miedo que existe entre los docentes. El Obispado de Getafe (Madrid), uno de los señalados, replicó que la continuidad de los docentes no esté vinculada a ese 'donativo' que, como tal, 'es voluntario'.

Quien propone a los profesores de religión es el episcopado, aunque quien firma los contratos y paga los salarios es la Administración. Pero la propuesta de cada prelado, por años y previa a la contratación, tiene condiciones tan arbitrarias como el pago anual a la diócesis de una cantidad en metálico, la cooperación con las parroquias o la contribución para algún regalo a un obispo recién ordenado, según la enumeración que ayer hicieron los dirigentes de FEPER, Luis Guridi y Alfredo Sepúlveda, profesores de religión en Móstoles y Parla, en la Comunidad de Madrid.

Guridi calificó esa práctica con severidad. 'Lo consideramos como un impuesto revolucionario del que depende nuestro puesto de trabajo', dijo. La FEPER demostró documentalmente la exigencia de ese 'impuesto' o cuota en las diócesis de Getafe (Madrid), Las Palmas y Tenerife, sobre una cantidad del 0,6% del salario de cada profesor, pero El PAÍS ha confirmado que la práctica se extiende a otros episcopados, con porcentajes diversos.

Por ejemplo, en el de Tenerife, el 'donativo irrevocable' asciende a 11.000 pesetas, y la profesora Resurrección Galera asegura que en el de Almería, cuyo obispo acaba de cesarla por casarse por lo civil, se exige -al menos el curso pasado- el 1% del salario. Resistirse a esa 'recomendación puede acarrear un disgusto, como que no te contraten al año siguiente, porque tienen una lista de quién paga o no paga', añade Galera. Ella se negó hace un año y ahora está en paro, aunque por un motivo distinto.

Causa o despiste

'Al hacer balance hemos encontrado que tu no has aportado nada hasta la fecha de hoy. Si hay alguna causa, dínoslo con toda tranquilidad. Si ha sido despiste intenta hacerlo antes de que finalice el año. Si es error nuestro o que no has puesto en tu banco o caja quién hace el ingreso, llámanos. Lo mejor es que des orden en tu banco para que haga una transferencia periódica. Haz el cálculo sobre tu sueldo: hemos convenido que sea el 0,6%', dice una circular firmada por el delegado de Enseñanza del Obispado de Tenerife, José Hermógenes Martín, enviada a los profesores de religión de esa provincia el curso pasado.

El Secretariado Diocesano de Enseñanza de Las Palmas, mediante circular titulada 'Asunto: Comunicación impago de cuota', escribe: 'No consta en este secretariado el pago de la cuota correspondiente al curso 2000-2001. Como sabes la cuota para el profesorado de Secundaria está establecida en 8.000 pesetas, y la de Primaria en 5.000 pesetas al año. Si tienes alguna duda o problema no dudes en ponerte en contacto con el Secretariado'.

La delegada de Enseñanza de la Diócesis de Getafe, María Eugenia Iriarte, negó a Efe que la continuidad de los docentes esté vinculada a la entrega de un 'donativo' que, como tal, dijo, 'es voluntario'. Iriarte añadió: 'Nunca se me ha pasado por la imaginación echar ni tomar represalias porque alguien no haya dado un donativo. A ellos [refiriéndose a los dirigentes de FEPER presentes en la conferencia de prensa] se les tenía que haber echado hace años por su comportamiento, porque muchos han falseado la verdad, pero la Iglesia acoge a los que se portan mal para que reflexionen'. La Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal dijo no tener constancia de los 'abusos' laborales denunciados por la FEPER. 'Se interesará y se informará', dijo a Servimedia un portavoz de ese órgano.

Los dirigentes de la FEPER se esforzaron ayer ante los periodistas, con una avalancha de documentos, en poner orden en el caos, 'intencionado o casual', en el que se está convirtiendo el agrio debate sobre la enseñanza católica. La teoría es que el río revuelto permite ganar a los pecadores, es decir, a los que no quieren 'ajustarse a los mandatos constitucionales'. En esa dirección, la FEPER asegura que 'no son los acuerdos de 1979 [entre España y el Vaticano] los que producen la arbitrariedad laboral, sino la interpretación de los mismos, de forma unilateral, interesada y torticera por parte de la Administración y la Jerarquía católica, fuera del sentido común y en contra del ordenamiento jurídico'.

La preposición

'Flagrante dejación de funciones por parte de la Administración', 'persecución y represalias', 'opresión', 'acoso y derribo', miedos, nepotismo. El dibujo de la situación que hacen los dirigentes de FEPER es catastrófico y tiene ya consecuencias en los claustros de profesores de algunos centros escolares, en los que los docentes de religión tienen en cuestión 'el prestigio alcanzado durante 25 años', incluso con algunas chanzas, tras 'ser pisoteados por las actuaciones ilegítimas e injustas de la Administración y de la Conferencia Episcopal'.

El meollo de la solución, opina la FEPER, está en manos del Gobierno y en una preposición olvidada por un dirigente distraído. En 1979, el Acuerdo entre España y la Santa Sede, que desarrolló la reforma concordataria preconstitucional de 1976, afirma: 'La enseñanza religiosa será impartida por las personas que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad académica entre aquellos que el Ordinario diocesano proponga'. Pues bien, la preposición 'entre' desaparece el 11 de octubre de 1982, bajo el Ejecutivo de Leopoldo Calvo Sotelo y en plena campaña electoral que desembocó en 14 años de Gobiernos socialistas. Fue mediante una Orden del Ministerio de Eduación. 'Los profesores serán nombrados por la autoridad correspondiente, a propuesta del Ordinario de la Diócesis', dice la reforma de la UCD. Con el PP, en 1999, según los profesores afectados, se dio una nueva vuelta de tuerca.