Los obispos abusan

La Conferencia Episcopal Española ha justificado los despidos de profesores de religión por motivos tales como casarse por lo civil, ir de copas o faltar a misa, y ha achacado la crítica social por esos despidos al interés que, a su juicio, mantienen algunos grupos para que la enseñanza religiosa católica desaparezca de la educación pública. La jerarquía eclesiástica enarbola una vez más el espantajo del anticlericalismo para eludir la más mínima autocrítica sobre su comportamiento. ¿Hace ejercicio de anticlericalismo el presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, al calificar de grave error tales despidos y de escasamente prudente y sensible la actuación episcopal en la actual sociedad española?

La alarma social y la inquietud que esa actuación ha causado incluso en sectores sociales afectos a la Iglesia católica tienen fundamentos más sólidos. Un millar de teólogos y teólogas reunidos este fin de semana en Madrid no han dudado en calificarla de 'intolerante' e 'inconstitucional'. Se trata de una actuación que interfiere gravemente en el sistema de valores constitucionales que ampara al conjunto de los ciudadanos españoles y que parece responder a la idea de que la Iglesia se reserva un espacio propio en el que puede obviar actuar como un Estado dentro del Estado. La Iglesia alega títulos jurídicos para determinar la idoneidad de los profesores de religión en la enseñanza pública y proponer su nombramiento, como son los acuerdos firmados por España y la Santa Sede en 1979 y el convenio económico-laboral firmado por el Gobierno del PP y el episcopado español en 1999, en el que la Administración educativa adquiere la condición de empleador y pagador de esos enseñantes. Pero la interpretación que hace de ellos en la práctica es tan abusiva que constituye un desafío no sólo al sistema constitucional vigente, sino al mero sentido común.

Es cierto que la Iglesia ha llegado a esos extremos con el consentimiento del Gobierno, que, al amparo del convenio económico-laboral firmado en 1999 con el entonces ministro de Educación, Mariano Rajoy, permite contratos laborales con cláusulas que pueden ser nulas de pleno derecho, como la extinción de tales contratos 'a propuesta del ordinario diocesano correspondiente cuando, según criterio del mismo, el trabajador haya dejado de reunir los requisitos de idoneidad que motivaron su contratación'. De aquellos polvos proceden estos lodos, y lo más grave es que el Gobierno del PP haya avalado un desarrollo de los acuerdos de 1979 que puede incluso ir más allá de lo establecido en su propio articulado. Cláusulas de ese tipo abren el camino a la arbitrariedad más absoluta, con clara vulneración de la Constitución y del Estatuto de los Trabajadores, como despedir a un asalariado o no renovarle el contrato por casarse con un divorciado o dejar de cumplir el precepto dominical. Nadie está legitimado para vulnerar el derecho al trabajo de unos docentes 'en razón de sus principios ideológicos o creencias íntimas', según proclamó ya en 1985 una sentencia del Tribunal Constitucional sobre un caso de despido en un centro religioso de enseñanza.

La situación invita no sólo a la reflexión, como ha señalado la ministra de Educación, Pilar del Castillo, sino a tomar algún tipo de iniciativa que haga desistir a la Iglesia de seguir por ese camino. Si la actual jerarquía eclesiástica insiste en la tesis de que lo que hace con los profesores de religión deriva de convenios bilaterales entre Estados y que tales profesores son su avanzadilla catequística en la enseñanza estatal, será imposible no denunciar tales convenios.

Al actuar de la manera que lo hace, la Iglesia parece empeñada en reabrir un conflicto -la llamada cuestión religiosa- socialmente superado hace tiempo. A la España democrática, sea cual sea el signo político del Gobierno de turno, le resultará cada vez más insoportable que le impongan normas contrarias a la Constitución y el sentido común, por más que se digan amparadas en convenios entre Estados. Resulta el colmo de la desfachatez por parte de la Iglesia utilizar la ayuda económica e institucional del Estado democrático para enseñar su doctrina en los centros públicos de enseñanza e ignorar al tiempo las leyes de ese mismo Estado en sus relaciones contractuales con los docentes que la imparten.