Desfalco de Sintel
Comete desfalco quien se apodera de dinero o bienes que están bajo su custodia o administración. La definición cuadra con lo ocurrido en Sintel -filial de Telefónica vendida en 1996 al hombre de negocios cubano y líder anticastrista Jorge Mas Canosa, ya fallecido-, aunque todavía no se sepa quiénes lo han cometido. Lo decidirán los tribunales, porque un grupo de accionistas de la sociedad que posteriormente adquirió la empresa ha presentado en Miami una demanda por fraude, malversación, latrocinio, apropiación indebida y otras figuras delictivas próximas a lo que el diccionario define como desfalco. Esa demanda se dirige contra un hijo de Mas Canosa y dos directivos de Sintel que habrían actuado a las órdenes del primero. Son tres de las seis personas contra las que ya presentaron una denuncia los trabajadores de Sintel.
La empresa ya estaba en crisis cuando la vendió Telefónica en condiciones que los trabajadores consideraron sospechosas: como si el objetivo fuera librarse de ella transfiriéndola a alguien encargado de liquidarla. Fue lo que de hecho ocurrió. Mas Canosa la vendió a otros propietarios de dudosa solvencia, y éstos, a una persona individual, en un proceso que fue diluyendo las responsabilidades y que presenta suficientes sombras como para que el juez Garzón acordara en julio admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción sobre la base de la denuncia de los empleados.
Cuesta seguir el relato de las operaciones descritas en la demanda de Miami. No es extraño, puesto que su objetivo es precisamente sembrar pistas falsas sobre el destino del dinero que, según los demandantes, acabó en las cuentas de la familia Mas Canosa tras pasar por paraísos fiscales y otras realidades virtuales.
Lo más interesante es la coincidencia de fondo entre lo que ahora denuncian los accionistas que se consideran estafados y lo que en enero pasado denunciaron los trabajadores: que Mas Canosa incumplió sus compromisos y que nunca pensó en reflotar la empresa, sino en provocar su quiebra tras haberla vaciado. Entre las decisiones incomprensibles que los tribunales deberán investigar figura la de convertir a Sintel en avalista de su propia venta, lo que obligó a esa empresa a adelantar más de la mitad del coste de la operación al comprador. La sospecha de los denunciantes de Miami es que la empresa de Mas Canosa fue el destino final al menos de 1.200 millones de pesetas que salieron de los fondos de Sintel.
El asunto no es un mero litigio privado. Telefónica era pública cuando vendió su filial, y la operación ha acabado costando al erario público 30.000 millones de pesetas. El Gobierno, como han reclamado continuamente los trabajadores de Sintel, debería decir algo y tal vez personarse en las acciones judiciales abiertas.
