La oposición exige al Gobierno que se una a la demanda contra el hijo de Mas Canosa

El PSOE, Izquierda Unida y los sindicatos urgieron ayer al Gobierno a que tome parte en la demanda presentada en Estados Unidos contra el hijo del empresario Mas Canosa por haber urdido, presuntamente, una trama para llevarse 1.200 millones de pesetas de Sintel. La oposición sostiene que el Estado español es uno de los perjudicados por la mala gestión de la antigua filial de Telefónica, que quebró en mayo, y su obligación es sumarse a esta demanda. Según ésta, parte del dinero extraído de la empresa se justificó a través de inversiones ficticias en Haití y en sociedades fantasma.

Un mes después de que los empleados de la antigua filial de Telefónica levantaran el campamento de la Esperanza del madrileño paseo de la Castellana, la demanda presentada contra Jorge Mas Santos en un juzgado de Miami vuelve a remover el caso Sintel. La oposición pide al Gobierno que intervenga, mientras los sindicatos estiman que las acciones emprendidas en EE UU son una prueba más de las irregularidades que llevaron a Sintel a sumar un déficit de 20.000 millones.

El PSOE pidió al Ejecutivo que se sume a la demanda presentada en Miami. 'El Gobierno tiene que agotar todas las posibilidades legales', afirmó Jordi Sevilla, responsable económico en la Ejecutiva socialista. La plantilla no ha sido, a juicio de IU, la única víctima. 'El Estado español también es un perjudicado por la suspensión de pagos de Sintel y debe participar en la querella contra Mas Canosa, y el Congreso averiguar cómo se produjo su vaciamiento', indicó Javier Alcázar, secretario de empleo de IU. Con las razones de la oposición coincide el presidente del comité de empresa de Sintel, Adolfo Jiménez, que añadió que no descartan unirse a la demanda.

Parte de los al menos 1.200 millones que MasTec, la sociedad del cubanoamericano Jorge Mas Santos, desfalcó presuntamente de Sintel se justificaron contablemente con inversiones fantasmas en Haití y en sociedades pantalla, según la demanda presentada en el Tribunal Federal de Miami por el nuevo grupo de accionistas de la empresa matriz de Sintel, Artcom Technologies. Ricardo Campos Dufau, uno de los dos ex directivos de Sintel, gestionó directamente tres de las transacciones (por importe de 170 millones de pesetas) de la presunta trama de malversación cuyo destinatario final fue MasTec. Campos y Juan Antonio Casanova San Simón, ambos de origen cubano, encabezaron el equipo gestor al que Mas Santos les vendió el 31 de diciembre 1998 el 67% de las acciones de Mastec Internacional, empresa matriz de Sintel, que pasó a llamarse Artcom el año pasado.

Ambos están acusados ante el Tribunal Federal de Miami de vaciar Sintel actuando a las órdenes de Mas Santos durante el periodo en el que tuvieron el control de la empresa, entre enero de 1999 y junio del 2000. Mas Santos niega rotundamente la veracidad de las alegaciones, que califica de 'ridículas', y Campos ha dicho a través de su abogado, Brian Dunning, que no quiere hacer declaraciones. Jorge Mas dice que si Campos y Casanova cometieron fraude 'lo hicieron actuando por su cuenta' y que eso es lo que se debe aclarar primero.

Tanto él como su abogado, José Sariego, aducen que la demanda de Artcom es una respuesta a otra querella que ellos entablaron contra Sintel Internacional reclamando el pago de un préstamo de 4,1 millones de dólares. Sariego quiso restar importancia a la última demanda y pidió que las investigaciones se dirijan hacia los compradores de la empresa en diciembre de 1998.

El frente abierto en Miami es visto como un triunfo por los sindicatos. Fuentes de UGT y CC OO apuntaron que la demanda refuerza las bases sobre la que se asienta la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra seis antiguos directivos de Sintel.

Telefónica se apresuró a desvincular la demanda presentada en EE UU con la venta de la empresa. 'No tiene nada que ver con la venta que hizo Telefonica de Sintel en el año 1996, sino que se refiere a una venta realizada en 1998', puntualizaron fuentes de la operadora. Esta última venta habría provocado, según Telefónica, 'un litigio entre distintos accionistas de la empresa totalmente ajenos a la Telefónica'.