La Conferencia Episcopal niega que se trate de despidos

Los arzobispos de Madrid y Granada, Antonio María Rouco y Antonio Cañizares, respectivamente, unieron ayer sus voces para protestar por lo que consideran una campaña orquestada para terminar con la enseñanza religiosa católica en los colegios públicos. El cardenal Rouco fue tajante: 'La esencia del problema es que puede haber grupos y personas que lo que quieren es que al final desaparezca la clase de religión de la escuela del Estado', declaró en la Cope, la emisora de los obispos.

La Iglesia soporta estos días críticas tras el despido de profesores de religión cuya vida privada no se ajusta a los criterios del episcopado. Así le ha ocurrido a Resurrección Galera por haberse casado con un hombre divorciado en el Juzgado de Paz de Níjar (Almería), pero también se han producido despidos de docentes de religión en otras muchas provincias por motivos semejantes, según denuncian los sindicatos UGT y CC OO.

El cardenal Rouco es el presidente de la Conferencia Episcopal, pero quien representa oficialmente la política educativa de los prelados es el arzobispo de Granada, Cañizares, como presidente de la poderosa Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. Además, ha sido en su provincia eclesiástica de Granada, a la que pertenecen las diócesis de Málaga y Almería, donde se han producido más críticas por este tipo de despido.

'Conforme a derecho'

El comunicado del episcopado leído por Cañizares ante los periodistas, sin admitir preguntas, empieza rechazando que la no renovación de los contratos sea una 'injusticia', porque se ha actuado 'conforme a derecho', ya que la potestad para nombrarlos corresponde por ley a los obispados. 'No se ha cometido ninguna injusticia ni se ha violado ningún derecho por parte de los obispos de Almería y Canarias', dice la nota. Los profesores de religión 'saben perfectamente que han de desarrollar una docencia ajustada a la doctrina y moral de la Iglesia católica y han de mantener un comportamiento personal acorde con ella', advierte también.

Respecto a la vinculación laboral de los profesores, el episcopado señala: 'La temporalidad del contrato se ajusta a un curso escolar; de ahí que la falta de inclusión en la propuesta para los cursos sucesivos, aunque el interesado hubiera impartido la enseñanza en los precedentes, no equivale a ningún despido, dada la peculiar naturaleza de la relación, cuya legitimidad hay que buscarla en el tratado internacional que vincula a la Santa Sede y el Estado español, de 3 de enero de 1979'.