Los profesores de Religión acusan a la Iglesia de exigirles un "impuesto revolucionario"

La Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER) ha acusado hoy a la Iglesia de practicar "terrorismo" con el colectivo de enseñantes de Religión, al exigirles el pago de un "impuesto revolucionario" para las arcas eclesiásticas y de actuar con la "arbitrariedad más absoluta", según palabras de su vicepresidente, Alfredo Sepúlveda.

Durante una rueda de prensa para dar cuenta de la situación laboral de los profesores de Religión -colectivo que agrupa a unos 13.000 profesores contratados por la Administración aunque designados por los obispos-, los dirigentes de FEPER han aportado abundante documentación que da fe de las "presiones" a la que se ven sometidos estos docentes.

Por ejemplo, han mostrado sendas cartas dirigidas por el Diocesano de Enseñanza de Las Palmas y por el de la Laguna a dos profesores de Religión para comunicarles el impago de una cuota correspondiente. En el caso de Las Palmas, se da por hecho la existencia de tal cuota que está establecida en 8.000 pesetas para Secundaria y 5.000 para Primaria.

En la carta del Delegado Diocesano de La Laguna, se dice: "En estos momentos estamos escasos de fondos. Al hacer balance hemos encontrado que tú no has aportado nada. Si hay alguna causa dínoslo con toda tranquilidad. Si ha sido despiste intenta hacerlo antes de que finalice el año. Para el futuro lo mejor es que des orden a tu banco o caja para que haga una transferencia periódica".

La Diócesis de Getafe, por su parte, remitió en marzo pasado una carta a todos los profesores y profesoras de Religión en la que informan del nombramiento de un Obispo Auxiliar y "apelan a la generosidad" de este colectivo para hacerle un regalo.

"Tienen algunas sugerencias posibles: un báculo, algunas de las ropas propias del vestuario del Obispo...", añade la carta.

A estas cartas, la FEPER suma hechos como el juramento de fidelidad al Obispo de Castellón que se exige a los docentes de Religión para que puedan seguir trabajando o la obligación de colaborar con las actividades parroquiales, como así se desprende de un comunicado dirigido a los profesores de la Diócesis de Getafe.

También han enumerado multitud de casos en toda la geografía española de profesores que por diferentes causas, como la de pertenecer a FEPER o a un sindicato, han sido retirados de la docencia o han visto reducido su horario y, por tanto, su salario. Además, en muchos de estos casos, tras ganar los casos en los tribunales, han perdido la preceptiva Declaración Eclesiástica de Ideoneidad.

Connivencia Iglesia-Estado

Para el presidente de FEPER, Luis Guridi, la situación "perversa" de los profesores de Religión -dada a conocer a raíz de la decisión de la Iglesia de retirar a varias profesoras por circunstancias de sus vidas personales- se debe a la "connivencia" entre el Estado y la Jerarquía.

A su juicio, la Administración "hace una flagrante dejación de sus funciones, poniendo en manos de la jerarquía unos poderes que, debiendo ser públicos, dejan en clara indefensión al trabajador".

"La Iglesia utiliza la dejación de la Administración para campar a sus anchas a sabiendas de la ilegitimidad de su actuación", añade.

Ante esta situación, FEPER recuerda al Estado una sentencia firme del Tribunal Supremo que reconoce que "la relación laboral docente del profesor de Religión es con la Administración del Estado o las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia".

Según esta organización, la solución a este conflicto no pasa necesariamente por una revisión de los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, sino por una interpretación adecuada de los mismos, y es que FEPER considera que la Iglesia hace un uso "torticero" del acuerdo.

En definitiva, según asegura el vicepresidente de esta organización, "todo profesor de Religión tiene problemas de todo tipo por el hecho de serlo".

Ante las denuncias de FEPER, la Comisión Episcopal de Enseñanza ha declarado que no tiene constancia de los abusos laborales a docentes de Religión, pero "se interesará y se informará" al respecto, según ha declarado un portavoz de éste órgano.

No obstante, la Conferencia Episcopal, máxima institución de los obispos, ha declinado hacer declaraciones y se ha remitido a la declaración que emitió el pasado día 5 en respuesta a las críticas recibidas por el despido de las profesoras de Almería y Canarias, en la que defendía la legalidad de la no renovación de los contratos de las profesoras.

En concreto, la nota destacaba que la enseñanza religiosa es impartida por las personas que, para cada año escolar, son designadas por la autoridad académica entre aquéllas que el ordinario diocesano propone para ejercer esta enseñanza.