Querella del fiscal contra el Rayo por un presunto fraude a Hacienda
La acusación le reclama 900 millones y pide el embargo de sus derechos televisivos
La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha presentado una querella contra el Rayo Vallecano por un supuesto delito fiscal cercano a los 900 millones de pesetas. La fiscalía reclama al Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid el embargo inmediato de todos los derechos audiovisuales del club que preside Teresa Rivero.
Los fiscales, basándose en un demoledor informe de la Agencia Tributaria, han descubierto un fraude de casi 400 millones de pesetas en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y otro cercano a los 500 millones en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Ambas defraudaciones corresponden a los ejercicios económicos de 1996, 1997, 1998 y 1999, según la fiscalía.
Esta querella ha sido admitida a trámite por la magistrada Carmen Valcárcel, del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, quien ya ha comenzado a citar 'en calidad de imputados' a los máximos responsables del club, entre ellos, a su presidenta, Teresa Rivero (esposa del empresario José María Ruiz-Mateos), y a su hijo y directivo de la entidad, Zoilo Ruiz-Mateos.
La fiscalía presentó esta querella el pasado 13 de agosto, y en ella exige a la juez que embargue 'de inmediato' todos 'los derechos audiovisuales de imagen y de propiedad intelectual' que posea el Rayo con Audiovisual Sport, S.L., con el fin de afrontar una eventual responsabilidad civil. Los fiscales aseguran que el Rayo tiene cedidos tales derechos a la empresa Inversiones Deportivas Milsen España, S.L., a pesar de que existía 'un compromiso' entre el club y la Agencia Tributaria para rescindir el contrato de cesión de esos derechos y destinar al pago de la deuda el dinero que aquellos generasen.
La cesión de tales derechos a Milsen España está siendo investigada por otro juzgado de Madrid, el de Instrucción número 13. La fiscalía, a instancias de la Agencia Tributaria, denunció hace meses esta operación como constitutiva de un delito de alzamiento de bienes. Según la fiscalía, el objetivo de la citada cesión de derechos era descapitalizar al Rayo Vallecano y entregar sus futuros haberes a una empresa carente de deudas con el fisco, con lo que se evitaría posibles embargos.
La juez que estudió este último caso, Raimunda de Peñafort, decidió sobreseerlo al ser informada de que la entidad vallecana había llegado a un acuerdo con el fisco para pagar su deuda tributaria. El fiscal recurrió tal sobreseimiento ante la Audiencia de Madrid, que le da la razón al fiscal y ordena que se investigue el citado alzamiento de bienes.
Respuesta del club
Álvaro Ruiz-Mateos, director general del Rayo Vallecano, aseguró ayer que el club no tiene ninguna noticia de la querella presentada por la fiscalía y negó que cualquiera de sus responsables haya recibido citación judicial alguna. 'Por ley tampoco se nos puede reclamar ninguna cantidad hasta que la inspección de Hacienda esté cerrada', apostilló el directivo rayista.
Según Álvaro Ruiz-Mateos, que llegó al club madrileño en enero en sustitución de su hermano Javier, 'el Rayo está al tanto de que Hacienda ha abierto una inspección a éste y a muchos otros clubes, pero hasta que no se cierren las actas preceptivas, dentro de un año o de diez, no sabremos cuál es la deuda actual. Mientras tanto, de lo que sí podemos presumir es de ser el único club al corriente de pago con Hacienda respecto a la deuda aplazada, según la última inspección realizada en 1993'.
El director general del Rayo Vallecano negó también que los derechos audiovisuales se hayan cedido a otra empresa. 'Puedo asegurar el Rayo ostenta todos ellos, tanto los audiovisuales como los de publicidad, taquillaje o cualquier otro. Todos los derechos están en manos del club'.
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