La policía registra una empresa en Madrid en busca de pruebas en el 'caso Gescartera'

Agentes de la policía judicial y de la Brigada de Delitos Monetarios a las órdenes del juez central 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, registraron a primeras horas de la tarde de ayer una empresa en Madrid en busca de pruebas para el caso Gescartera, en el que han desaparecido 18.000 millones de pesetas. Los agentes se incautaron de numerosa documentación. Aunque la identidad de la empresa no trascendió, fuentes de la investigación aseguraron que los agentes buscaban pruebas de las numerosas falsificaciones que el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, ha entregado a las autoridades.

El registro fue instado por las brigadas policiales que están rastreando el paradero de los 18.000 millones de pesetas desaparecidos de Gescartera y se inscribe dentro de la pieza separada del sumario que ha sido declarada secreta a fin de no perjudicar las investigaciones.

Aunque el resultado del registro se desconocía anoche, las fuentes consultadas indicaron que los agentes se incautaron de numerosa documentación. El secretario del juzgado central de instrucción número 6 participó en el registro para clasificar los docuementos incautados.

Entretanto, el juez Juan del Olmo, que se ocupa interinamente del caso hasta la reincorporación de la juez Teresa Palacios, remitió un nuevo oficio a la Asociación Española de Banca Privada (AEB) requiriendo información sobre 'cuentas bancarias de todo tipo, operativas o canceladas', desde 1993 hasta la fecha de los ocho imputados en el sumario de Gescartera, entre los que figuran Antonio Camacho, Pilar Giménez-Reyna, y José María Ruiz de la Serna, además de todas las sociedades del Grupo Gescartera y de su predecesora, Bolsa Consulting. En total, más de 60 personas y sociedades.

El juzgado requiere a la AEB que toda esa documentación se la suministre en soportes informáticos de formatos Word y Acces, 'con dos copias en soporte separado'.

Además, el juzgado reitera a todas las entidades bancarias que mantengan el bloqueo de las cuentas o depósitos en las que figuren por cualquier concepto Antonio Camacho, José María Ruiz de la Serna, Laura García Morey y la sociedad Dacna-Colombo S.A.

En el mismo sentido, extiende el bloqueo de todas sus cuentas a los apoderados de Gescartera Pilar Giménez-Reyna y Francisco Javier Sierra de la Flor, al cantante Jaime García Morey, y al ex director general de la Fundación ONCE José Manuel Pichel, y a BC Fisconsulting S. A.

El juzgado pide al Servicio Ejecutivo de la Comisión para el Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 'toda la información que conste en dicho organismo relativa a las personas físicas o sociedades mencionadas'.

A través de sus servicios de relación internacional, la Comisión de Blanqueo tendrá que comprobar las operaciones 'de las que se puedan derivar transferencias o movimientos de fondos con países extranjeros'.

El juzgado también ha solicitado a la Agencia Tributaria que recabe 'a la mayor urgencia' los datos que figuren en la Base Nacional (BDN) sobre Ángel Malpartida Giménez-Reyna, hijo de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna; del responsable de Gescartera en Valladolid, José María García Tejerina, hermano de la secretaria de Estado de Agricultura, Isabel García Tejerina; de Jesús Carrillo, presunto intermediario de los 'clientes especiales' de Gescartera y Francisco Javier Vicente González.

También pide la misma información sobre nueve sociedades en las que tenía intereses Antonio Camacho, entre las que figuran Link Securities, Albergues Sierra de Gata o Hípica Adonay.

Estas diligencias ordenadas por el juzgado fueron solicitadas la semana pasada por el teniente fiscal Anticorrupción, Luis López Sanz, quien ayer remitió un nuevo escrito al juzgado oponiéndose a la devolución del dinero embargado al apoderado de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, y al cantante Jaime Morey, que presidió durante dos meses la agencia de valores.

Al primero se le intervinieron 1,5 millones de pesetas y a Morey algo más de dos millones, adfemñas de 8.000 francos (200.000 pesetas), y habían rclamado su devolución.