PSOE e IU quieren renegociar el futuro Reglamento del Consistorio y lo desvinculan de la Ley de Capitalidad

Los grupos municipales del PSOE e IU se mostraron ayer dispuestos a reanudar las conversaciones con el equipo de gobierno para consensuar el Reglamento del Consistorio (conjunto de reglas que ordenan el funcionamiento de la institución municipal). El asunto que paraliza la aprobación del reglamento es la negativa de Mercedes de la Merced, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, a subir los salarios de los concejales que menos cobran, un aumento que el pleno aprobó hace dos años.

La oposición, además, desvincula 'totalmente' el reglamento de la Ley de Capitalidad. Esta ley, que Madrid lleva 10 años demandando, permitiría a la capital beneficiarse de un canon del Estado por los gastos que ocasiona para la ciudad el hecho de ser capital de España. Según De la Merced, para que el Gobierno otorgue ese tratamiento excepcional a Madrid, es necesario que primero se apruebe el Reglamento del Consistorio. Pero la oposición no opina lo mismo. 'La aprobación del Reglamento del Consistorio no tiene que ver en absoluto con la Ley de Capitalidad, que no sale adelante porque el PP es incapaz de ponerse de acuerdo entre sí', afirmó ayer Rafael Simancas, portavoz del grupo municipal socialista, en declaraciones a Efe.

Inés Sabanés, portavoz de IU en el Ayuntamiento, señaló: 'El reglamento no influye en la Ley de Capitalidad. Esta normativa está bloqueada por la falta de diálogo, de voluntad política y de acuerdo que existe en el PP'. Sabanés, al igual que Simancas, se mostró favorable a reanudar las conversaciones con el equipo de gobierno.

Simancas negó que la subida salarial de los concejales sea el único obstáculo que impide consensuar el texto del reglamento. 'Ha habido otros obstáculos', agregó Simancas, 'como que De la Merced cortara las negociaciones porque había discrepancias sobre el acceso libre al Registro de Intereses del equipo de gobierno que demanda la oposición'.

Simancas señaló que tampoco hay acuerdo sobre la conveniencia de que las comisiones informativas sean públicas, sobre que los ciudadanos o las entidades sociales intervengan en los plenos o sobre la descentralización de competencias en las juntas de distrito.