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ESCÁNDALO FINANCIERO

La CNMV rechazó en 1999 intervenir Gescartera, pese a pedirlo la inspección

Los técnicos del organismo descubrieron que Antonio Camacho falsificaba extractos bancarios

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consideró seriamente en 1999 la posibilidad de intervenir Gescartera, la agencia de valores de la que han desaparecido 18.000 millones de pesetas, a la vista de las irregularidades detectadas aquel año, y tras la insistencia del equipo de inspectores, que sostenía que la gravedad de la situación en la sociedad de Antonio Camacho exigía esta medida. Tras debatir esta posibilidad en un consejo, el organismo regulador decidió no intervenir Gescartera, según las fuentes consultadas. En aquel momento, Juan Fernández-Armesto presidía la CNMV, el vicepresidente era Luis Ramallo, ex diputado del PP, y en el consejo, como vocal, estaba Pilar Valiente.

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Inicialmente, el equipo de inspectores encargado de Gescartera aquel año estaba encabezado por David Vives, director general de Supervisión de la CNMV, que en diciembre de 1998 inició un expediente de supervisión ordinaria. Tres meses después, los inspectores ya tenían constancia de la gravedad en la que se encontraba Gescartera, donde faltaban miles de millones de pesetas, y de las irregularidades cometidas por sus responsables para tapar el agujero. Por ello, el 30 de marzo de 1999, convocaron a Camacho y a otros responsables de Gescartera a una reunión en la sede de la CNMV, en Madrid.

A la cita, que comenzó a las tres de la tarde, acudieron siete inspectores de la CNMV, encabezados por Vives, por parte del organismo regulador. Por la otra parte fueron el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, otros dos responsables de la sociedad (José María Ruiz de la Serna y Salvador Alcaraz, que hasta unos meses antes habían sido funcionarios de la propia CNMV y aque ahora se sentaban en el bando contrario), el representante del arzobispado de Valladolid como importante cliente de Gescartera, el hombre fuerte de Camacho en Castilla y León, Javier Valenzuela, que fue alto cargo del PP en el Gobierno de esta región, y un abogado de Camacho.

La reunión 'fue tensísima y muy desagradable', según el relato que ha hecho a este periódico el propio Valenzuela. Vives, que había convocado la cita bajo la amenaza de intervenir Gescartera y de denunciar el caso ante la Audiencia Nacional, sospechaba que las cuentas de Gescartera estaban amañadas, y que los extractos bancarios que le habían entregado (y que coincidían con los que poseían los clientes) eran falsos, según las fuentes consultadas. Es decir, que Gescartera presentaba ya un importante agujero, imposible de determinar por aquel entonces sin intervenir la sociedad.

En un momento determinado de la reunión, el director general de Supervisión de la CNMV preguntó a Valenzuela a bocajarro:

-¿Usted confeccionaba los extractos que entregaba personalmente a sus clientes?

Valenzuela contestó: 'Por supuesto que no; llegaban confeccionados de Madrid'. Ante esta revelación, según el relato de Valenzuela, Antonio Camacho trató de justificarse afirmando que 'se trataba de simulaciones', a lo que Valenzuela repuso, 'secamente', siempre según su relato: 'Nosotros no simulamos nada; los extractos vienen de Madrid'.

Tras finalizar la reunión, Valenzuela esperó a ver 'si la sociedad era intervenida o no', y se sorprendió de 'que no pasase nada, de que no se publicase nada, y de que en Madrid no pasaba nada'.

Lo que sucedió, según las fuentes consultadas, es que la propuesta de Vives no prosperó. El consejo de la CNMV llegó a debatir la posibilidad de la intervención, pero decidió no dar luz verde a la propuesta. Entre la reunión de marzo y noviembre de 1999, el caso pasó a Antonio Botella, entonces jefe de la Unidad de Vigilancia de Mercados. En noviembre de 1999, Antonio Camacho entregó a la CNMV documentos bancarios de La Caixa, que luego se han revelado falsos, con los que justificó un agujero de 4.000 millones de pesetas. Aceptados como válidos estos documentos, el expediente siguió su curso hasta que, en julio de 2000, culminó con una sanción de 10 millones de pesetas por resistencia a la inspección. Camacho fue multado con dos millones de pesetas; Ruiz de la Serna con uno, y Gescartera, como sociedad, con siete.

Ese mismo consejo de la CNMV, que decidió no dar a conocer públicamente la sanción impuesta a Gescartera, dio el visto bueno a la elevación de la sociedad de Camacho al rango de agencia de valores, lo que le permite un margen de maniobra más amplio en los mercados financieros. Poco después, el 1 de septiembre de 2000, el vicepresidente Rodrigo Rato firmó la orden ministerial que autorizaba la conversión de Gescartera en agencia de valores.

Baile de cargos

David Vives, que como director general de Supervisión había defendido la necesidad de que se interviniese Gescartera, abandonó la CNMV y volvió al Banco Popular, del que había salido tres años antes para trabajar en el organismo supervisor. Poco después, mediante una jubilación anticipada, dejó el banco.

Antonio Botella, que tomó las riendas del caso Gescartera, sigue en la CNMV. En noviembre de 2000 fue ascendido a director general de Supervisión (el puesto que había desempeñado Vives) por Pilar Valiente, recién nombrada presidenta de la CNMV por el Gobierno.

Ambas decisiones (no intervenir Gescartera y no dar a conocer las sanciones a la sociedad y a sus responsables) fueron tomadas por un consejo de la CNMV dividido. De forma sistemática, Pilar Valiente, como consejera, con el apoyo del vicepresidente, Luis Ramallo, y de otro consejero, José María Roldán, se oponían a publicar las sanciones impuestas. El presidente, Juan Fernández-Armesto, y el subgobernador del Banco de España, entonces Miguel Martín, eran partidarios de darlas a conocer. La misma división se produjo con la posibilidad de intervenir Gescartera, según las fuentes consultadas.

Además de estas divisiones, la CNMV también vivió entonces momentos tensos por el caso Villalonga, que terminó con la salida de Fernández-Armesto de la presidencia, y el nombramiento de Pilar Valiente. Durante todo aquel tiempo, el secretario del consejo de la CNMV fue Antonio Alonso Ureba, hasta principios de este año, cuando pasó a consejero secretario de Telefónica.

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