Las avalanchas de inmigrantes en Andalucía

En estos días de agosto, mientras leía a don Antonio Domínguez Ortiz en España, tres milenios de historia, tropecé con las declaraciones de un connotado dirigente del PP que me requería, como consejero del Gobierno de la Junta de Andalucía, a que explicara qué pasa con las continuas avalanchas de inmigrantes que llegan a España. En estas últimas semanas se ha llegado a cifras excesivas, de enorme preocupación.

A estas alturas ya no se sabe hasta dónde llega el cinismo o dónde empieza la ignorancia. En este caso creo que exigir a un gobierno autonómico o a un gobierno municipal que ofrezca una explicación sobre la incesante y continua llegada de inmigrantes indocumentados es más bien fruto de un nivel de cinismo desbordado. Todos los que tenemos relación con la actividad política sabemos que el control de las fronteras, las políticas de extranjería, la determinación de contingentes de inmigrantes, la regularización de los indocumentados es una competencia exclusiva del Estado; aquí y en todos los países del mundo. No comprendo qué nivel de provocación o de estulticia se contiene en esa llamada.

La triste realidad es que desde el año 1996, en el que se inicia el Gobierno del PP en España, la política de inmigración se ha limitado a explicar que la llegada de inmigrantes indocumentados era consecuencia de la Ley de Extranjería 4/2000, que propiciaron altos cargos del PP como Amalia Gómez o Manuel Pimentel, una legislación calificada por el señor Aznar como ingenuamente generosa con los derechos de los inmigrantes, que provocaba un 'efecto llamada'(sic). Se pidió el voto en las últimas elecciones con el compromiso de aprobar una ley severa, que limitara los derechos de reunión, de asociación y otros, y que permitiría la expulsión rápida de inmigrantes... Ninguno de los objetivos que decían pretenderse se ha correspondido con la realidad.

La situación es bien distinta: a España apenas llegan inmigrantes con contratos en origen, de manera legal; prácticamente sólo los que vienen a reunirse con sus familiares ya regularizados y que entraron de manera irregular. En los últimos seis años han llegado menos de 4.000 inmigrantes legales temporales. Esta cifra ejemplifica la carencia de política de inmigración de los sucesivos gobiernos del PP, con el objeto de lograr convertir la inmigración en una actividad legal. Uno de estos meses de buen tiempo llegan a Tarifa el doble de los legales en una verdadera avalancha de seres humanos desesperados.

Se desconoce, y el Gobierno lo oculta, que sólo los inmigrantes marroquíes detenidos en las playas de Andalucía pueden ser retornados a su país; el resto, generalmente negros del África subsahariana o argelinos, se queda en España como ilegales, con un documentado que les obliga a marcharse, pero que nadie puede ejecutar porque el Gobierno español carece de convenios de retorno con la mayoría de los países de donde proceden. Las expulsiones de algunos nigerianos no han pasado de ser un ejercicio visual para las cámaras de televisión. La carencia de política del Gobierno convierte a todos estos seres humanos en indocumentados e ilegales, para que se conviertan en juguete fácil en manos de las mafias de todo tipo, pero permanecen en nuestro país o emigran, a su vez, hacia otros países de la Unión Europea.

El Gobierno, desgraciadamente, parece desconocer qué sucede en el mundo de la inmigración: no sabe cuántos inmigrantes se necesitan en España, pero tampoco sabe cuántos hay en este momento. Ha causado gran sorpresa comprobar que han sido 322.761 personas los que se han acogido a la regularización por arraigo cuando el Gobierno esperaba sólo 180.000...

La sociedad española ya ha detectado que la integración de los inmigrantes puede convertirse en un problema serio, si no se aborda con generosidad, con decisión y con la verdad. El Gobierno del PP no debe seguir centrifugando las consecuencias de la inmigración, sin control, hacia ayuntamientos y comunidades autónomas que carecen de las competencias para la normalización y la regularización.

Si se encuentran centenares de negros subsaharianos en Barcelona viviendo al raso o hay más de 200 argelinos deambulando por las calles de Ceuta no es responsabilidad de los ayuntamientos respectivos, es la consecuencia de una carencia lamentable de anticipación ante los problemas de la inmigración. Será preciso el esfuerzo de todos para buscar soluciones, pero no son los ayuntamientos o las autonomías los primeros responsables.

Represento al Gobierno andaluz en el Consejo Superior de Inmigración y allí he explicado nuestro punto de vista sobre la única manera de ganar la batalla a la inmigración: traer inmigrantes legales, con contrato en origen que cubran nuestra demanda de empleo e integrarlos en una sociedad que haga de la interculturalidad una manifestación natural. Hemos reiterado las dificultades de hacer políticas de inmigración con inmigrantes indocumentados y en su gran mayoría de paso hacia otras zonas de Europa o de España. Hemos explicado que este año todavía irán 10.000 andaluces a la vendimia francesa en un sistema semejante al que podía utilizarse para traer a trabajadores marroquíes legales, que volvieran a su país una vez terminada las campañas agrícolas, única actividad económica en la que necesitamos inmigración.

El presidente de la Junta de Andalucía ha reiterado al Gobierno español la necesidad de un pacto de Estado que unifique políticas y respuestas pero, con frecuencia, parece que para el PP la inmigración todavía es una buena fuente de votos electorales o un elemento de refugio para enviar mensajes fáciles y manipulables a la sociedad española. El Gobierno andaluz es el gobierno autonómico que más recursos económicos emplea en integrar y atender a los inmigrantes. Es necesario y positivo que se nos exijan respuestas desde la oposición y desde los sectores sociales implicados, pero no desde el cinismo cuando nos ocupamos de políticas que afectan a seres humanos.

Alfonso Perales es consejero de Gobernación.