Camacho 'vació' Gescartera con ventas en Bolsa en sólo dos años sin dejar rastro
Los empleados de la agencia se dedicaron a partir de 1999 a liquidar masivamente las acciones
La huida hacia adelante de Gescartera, según los empleados que han prestado declaración en la Audiencia Nacional ante la juez Teresa Palacios, se aceleró a partir de 1998. Ese año, la sociedad de cartera de Antonio Camacho inventó los 'depósitos estructurados', un producto financiero absolutamente ilegal para una empresa de servicios de inversión. Prometía y pagaba rentabilidades fijas, y pactadas con cada cliente, superiores a las que ofrece la banca. A partir de 1999, además, los empleados de Gescartera se ocuparon de vender y deshacer sistemáticamente la cartera de valores de la sociedad. Y, en los últimos dos años, sólo han realizado operaciones ficticias intradía para engañar a Hacienda.
Los empleados que, en calidad de testigos, han prestado declaración ante la juez Teresa Palacios coinciden en tres cosas: el sistema de funcionamiento de Gescartera estaba tan parcelado que cada empleado desconocía lo que hacía el de al lado; el dinero entraba pero después no se sabe a dónde iba y, en los dos últimos años, no se hacía nada parecido a las operaciones propias de una sociedad de servicios de inversión, es decir, comprar y vender, por orden de los clientes, renta fija o variable.
Los empleados han declarado ante la juez que la inactividad y las operaciones especiales pasaron a ser la norma a partir de 1998. Ese año, Gescartera inventa los depósitos estructurados. En una reunión de comerciales que relata, en calidad de testigo, Inmaculada Baltar, se les informa de que podrán vender ese 'nuevo modelo de inversión que se constituye como una mezcla de renta fija y renta variable'.
Rentabilidad pactada
Los clientes menos sofisticados, entre los que se incluyen muchas organizaciones eclesiásticas y la Seguridad Social de la Armada, compraron esos depósitos estructurados sin que nadie se percatara de que sólo los bancos pueden ofrecer una rentabilidad fija y pactada a cambio de depósitos de efectivo de sus clientes. La rentabilidad dependía de cada cliente y oscilaba entre el 6% y el 16%. Ni Hacienda ni la CNMV detectaron este novedoso producto financiero, del que Gescartera evitó cuidadosamente informar a las autoridades económicas. Así, por ejemplo, la Armada, uno de los clientes con estos depósitos, aparecía como el principal partícipe de un fondo de inversión. Y mientras los gestores de la Seguridad Social de la Armada creían tener una inversión a plazo fijo y carente de riesgos, Gescartera utilizaba este nombre de prestigio para captar inversores para uno de sus supuestos fondos de inversión.Además, a partir de 1999, Gescartera deshizo su cartera de valores y sólo se dedicó, de forma esporádica y generalmente cada tres meses, a realizar operaciones intradía con el objetivo de engañar a Hacienda. Según relató a la juez el empleado Justo Martín Sánchez, del departamento de compraventa de valores en Bolsa, cuando llegó a Gescartera, hace dos años y medio, 'se encontró con una cartera de valores y donde realmente participó fue en deshacer la cartera'. Esas ventas masivas se produjeron, según este testimonio, entre 1999 y principios de 2000: 'Se aprovechó al ser una buena época de subida de los mercados para deshacer la cartera'. Según este testigo, 'cuando terminaron de deshacer la cartera, sólo dejaron una cantidad mínima y poco significativa' de valores bursátiles.
Durante todo el año 1999, desde diciembre de 1998 hasta julio de 2000, la Comisión Nacional del Mercado de Valores mantuvo abierta una inspección a Gescartera que concluyó con la imposición de una multa de diez millones de pesetas, que no se hizo pública, y la aprobación, el mismo día y en la misma reunión del Consejo de la CNMV, del ascenso de esta sociedad a agencia de valores.
Después, desde mediados de 2000 y en el año 2001, según este empleado, 'la inactividad fue prácticamente total' y lo único que se hacía eran 'operaciones intradía que no sabe a qué se debían'. Esas operaciones generaban unas plusvalías y unas minusvalías ficticias que Antonio Camacho se encargaba de 'desglosar' entre unos y otros clientes. Esas operaciones seguían el siguiente esquema:
- Gescartera se ponía en contacto con dos intermediarios financieros. A uno le pedía que abriera una posición de compra por un elevado número de acciones, por ejemplo, '60.000 acciones de Telefónica'. Al otro se le pedía que abriera una posición de venta por la misma cantidad.
- Cuando las acciones, siempre de compañías con mucha liquidez en Bolsa, como Telefónica, Repsol, BSCH, BBVA o Endesa, subían , o bajaban, 'tanto daba', un 1%, al operador que se le encargó comprar se le mandaba vender, y al que tenía la posición de venta, que comprara.
- Como eran operaciones intradía, Gescartera sólo tenía que pagar la minusvalía del que perdía. Lo hacía con la plusvalía del que ganaba. El coste era el del corretaje por ambas operaciones.
- Seguidamente se hacía el desglose entre los inversores. A unos se les aplicaba la plusvalía y a otros la minusvalía. Este empleado de Gescartera dijo a la juez que 'desconocía' los criterios por los que se hacía ese desglose, y reconoció que 'vio un poco raras' estas operaciones, pero que 'nunca preguntó nada' a sus superiores por 'discreción'.
Otro de los testigos, el empleado Luis Pintó, declaró que las plusvalías iban a los clientes normales y las minusvalías a los 'especiales' y que las órdenes del desglose las daban Camacho y José María Ruiz de la Serna. De Pilar Giménez-Reyna sólo recuerda que 'a lo mejor a finales de año le daba algún cliente para hacer una minusvalía'. Esos clientes especiales estaban reconocidos por 'tres ceros y otros números más'.
Hacienda, que no detectó estas operaciones en los dos años en las que las realizó Gescartera, evitó responder directamente si son uno de los métodos ahora investigados como vía de lavado de dinero negro.
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