El impago del seguro de circulación genera un tercio de los juicios de faltas en Madrid

'Estas infracciones deberían castigarse en la vía administrativa, más contundente que la penal', afirma el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández Bermejo.

Antes de judicializarse esta infracción, Tráfico solía imponer una multa importante (algunas de hasta 250.000 pesetas) y, además, retiraba el carné de conducir durante meses. Ahora, carecer de seguro significa afrontar un juicio de faltas. Los agentes facilitan a Tráfico los datos del infractor y este organismo remite el atestado a los fiscales para el inicio de las diligencias judiciales. El asunto termina finalmente en un juicio de faltas, que se celebra en los juzgados de instrucción. Salvo que salga absuelto, hecho no infrecuente, según fuentes jurídicas, el juicio concluye con una sentencia en la que se impone al acusado una multa que habitualmente oscila entre uno y dos meses.

La cuantía de la multa se impone en función de la capacidad económica del infractor. 'Normalmente es gente con escasos recursos', aseguran a este periódico fuentes judiciales, partidarias, al igual que la fiscalía, de que se despenalice esta figura. 'Y, dado que es gente con escasos recursos, lo normal es poner una multa de 200 pesetas diarias; es decir, como mucho el total de la multa puede llegar a las 15.000 o 20.000 pesetas'. La condena penal, por otro lado, tapona y cierra cualquier ulterior sanción en la vía administrativa, y, además, no recoge la retirada del carné.

25.000 denuncias El fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, asegura que las fuerzas policiales denunciaron el año pasado a 25.000 conductores por carecer de seguro. De todos esos atestados, 15.395 acabaron en juicio; el resto, tras las oportunas averiguaciones de la fiscalía ante el Consorcio de Seguros, se archivó al comprobarse que el conductor, pese a no portar consigo el seguro durante la conducción, en realidad sí disponía de póliza.

Con todo, al fiscal jefe de Madrid le parece 'un disparate y una atrocidad' que sólo en un año se celebren 15.395 juicios (del total de 50.000 señalados) contra infractores de este tipo. Y la mayoría son jóvenes que conducen motocicletas no aseguradas. 'En estas circunstancias, los jóvenes prefieren pagar la multa judicial antes que una póliza, que para muchos, por los recelos de las compañías, resulta muy costosa, hasta de 200.000 pesetas', destaca el fiscal jefe. 'Estas conductas', reitera, 'deben ser castigadas en la vía administrativa; de esta forma, los escasos medios de que, en general, dispone la justicia se podrían emplear en asuntos más relevantes'.

En la memoria de la fiscalía de este año se hace hincapié, por ejemplo, en la acuciante falta de fiscales para combatir la delincuencia económica de cuello alto. Personas que disponen de buenos abogados y cuya persecución requiere de gran dedicación de los fiscales para desenredar sus tramas. La sección de delitos económicos, integrada sólo por cinco fiscales, logró recuperar para el Estado en 2000, a través de sentencias condenatorias, cerca de 13.000 millones de pesetas defraudados. 'Lógicamente, si no tuviésemos que dedicar tantas energías a estos juicios de faltas, podríamos destinar más fiscales a este menester', subraya Fernández Bermejo.

Y es que los juicios contra los conductores sin seguro aumentan cada año. Los 15.395 celebrados en 2000 representan un 16% más que en 1999.

El fiscal jefe de Madrid es partidario de que, como establece la Ley de Seguridad Vial, los agentes 'inmovilicen' los vehículos que carezca de seguro. 'La Ley', apunta, 'permite inmovilizar un vehículo que circule sin seguro, pero nadie lo hace. Si se inmovilizasen, intuyo que el conductor se apresuraría a tramitar la póliza para poder retirar su vehículo, pero lo cierto es que no se hace; supongo que a los ayuntamientos no les gusta que sus calles estén llenas de vehículos inmovilizados', opina el jefe de la fiscalía de Madrid.

No todos están de acuerdo con el criterio de la fiscalía. El abogado José Miguel Ayllón sostiene que la judicial es la vía correcta para luchar contra los conductores sin seguro. 'Pienso que lo que jueces y fiscales pretenden es quitarse trabajo ante el secular atasco de la justicia. En mi opinión, es más efectiva la vía judicial, ya que acrecenta la pena si hay reincidencia. La experiencia indica que estos conductores no pagan ni las multas judiciales ni las administrativas', dice.