Los vecinos del Grao denuncian la venta de drogas frente a la nueva Unidad de Conductas Adictivas

La UCA no tiene salida de emergencias, no tiene valla de protección ni medida de seguridad alguna. Está escondida en la parte de atrás del centro de especialidades dependiente del hospital Clínico situado en la calle de Padre Porta. La entrada a la UCA, que no tiene señalización diferenciada sino sólo el del Servei Valencià de Salut, es la misma de acceso a un aparcamiento para empleados que sirve de depósito improvisado de motos y coches robados. A la izquierda del acceso a la UCA se localiza en el callejón que desemboca en la calle de Vidal de Blanes, un edificio en estado ruinoso en el que residen varias familias dedicadas al tráfico de drogas al menudeo. Los vecinos han certificado y documentado con fotografías la venta de estupefacientes en la misma entrada a la UCA en las horas en las que el servicio está disponible.

Las críticas de los vecinos por esta situación en un barrio que carece de Centro de Salud se suman a las vertidas hacia el Síndic de Greuges tras su último pronunciamiento por la demora en resolver su queja sobre la actuación de las diferentes Administraciones ante los problemas de prostitución y tráfico de drogas que registra el barrio. Además, los vecinos consideran que el Síndic ha dejado que el Ayuntamiento de Valencia responda 'vaguedades' mientras han pasado seis meses desde que se interpusiera la queja.

El Síndic envió el pasado 26 de julio una notificación a la asociación de vecinos por la que ponía en su conocimiento la respuesta del Consistorio local sobre las actuaciones realizadas ante la presencia de mujeres prostitutas en las calles del barrio y el tráfico de drogas. En la documentación remitida por el Síndic, el Ayuntamiento reitera lo que ya contestara el pasado mes de marzo y que no fue considerado suficiente por la entonces responsable de esta institución, Emilia Caballero. Asegura la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que tiene firme voluntad de solucionar el problema, que se ha incrementado la vigilancia en la zona, que los vecinos mantienen reuniones periódicas con los responsables de policía nacional y local del distrito, y que ya el 15 de diciembre pasado la Comisión de Gobierno aprobó un borrador de convenio para la puesta en marcha de un programa integral en el que, una vez ratificado, 'está prevista la participación de Cáritas'.

Los vecinos consideran que la respuesta es 'insuficiente', afirma Juan Carlos Sienra, presidente de la Asociación de Vecinos. 'Es verdad que la presencia policial se incrementado, en la calle Bello, y que es así porque los vecinos, aunque ya no salgamos a patrullar, seguimos trabajando. Pero lo es también que las prostitutas están donde estaban y que hay zonas del barrio en las que, de una forma más disimulada, se sigue traficando con droga. Sobre las reuniones periódicas habría que decir que las tenemos porque las forzamos al salir a la calle cada noche y evidenciar así que no era suficiente lo que se estaba haciendo. Y, el convenio, como el ayuntamiento señala, es un borrador que ocho meses después sigue en el mismo estado, en el que se hace mención a la participación de las administraciones sin que ninguna se pronuncie y en el que se prevé contar la organización Cáritas, que aún no sabe con certeza en que podría consistir ese convenio'.