La Generalitat 'inventa' la sociedad pública de responsabilidad limitada

El actual presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, apostaba por adelgazar la máquina de la Administración autonómica cuando era candidato en 1995. Pero, una vez en el poder, ha constituido varias empresas públicas para ejecutar proyectos como el parque temático de Alicante y la Ciudad de la Luz, el circuito del motor de Cheste o el denominado Proyecto Cultural de Castellón. Todas ellas son sociedades anónimas. Ahora estrena cuatro sociedades de responsabilidad limitada.

La diferencia esencial entre una sociedad anónima y una sociedad limitada pasa por la reducción de los órganos de gobierno. Sólo tres personas constituyen la junta general de accionistas de una sociedad limitada. Son válidas a todos los efectos la firma del apoderado o las dos firmas de los dos apoderados mancomunados. Los socios de las sociedades limitadas sólo deben responder jurídicamente en función del capital aportado. Además, carecen de responsabilidad subsidiaria.

El socio único de las cuatro nuevas entidades es CACSA, que ha suscrito un capital social próximo a los 50 millones de pesetas para cada una de ellas. Pilar García Argüelles es la apoderada de las cuatro sociedades.

El objeto social de las cuatro es la gestión y explotación de las instalaciones correspondientes. Pero la previsión es ceder a terceros tales responsabilidades. Ya ha sido convocado el concurso por la vía de procedimiento negociado para adjudicar a un concesionario la gestión del parque Oceanográfico.

Una fuente de la Generalitat sugiere que 'jurídica y operativamente es más fácil establecer relaciones contractuales' con los adjudicatarios de cada una de las áreas a través de entidades separadas antes que negociar directamente con CACSA. Cada una de las cuatro sociedades limitadas pactará con los operadores correspondientes los derechos y obligaciones que transferirá 'CACSA holding' en las respectivas 'encomiendas de gestión'.

La misma fuente admite que la constitución de las cuatro entidades no entraña ningún beneficio desde 'el punto de vista financiero'. Más aún, las entidades se podrían haber constituido con un capital social de 500.000 pesetas, pero CACSA ha desembolsado cerca de 200 millones por las cuatro.

Un experto apunta que una sociedad de responsabilidad limitada, 'como su nombre indica', permite a sus responsables actuar con 'las manos más libres' que a los gerentes de una sociedad anónima, que deben responder ante el consejo de administración y la junta de accionistas.

También destaca que la responsabilidad penal no es comparable. 'Las sociedades limitadas son próximas a las empresas unipersonales', dice, 'si el director de una sociedad anónima arruina la empresa por mala gestión puede ir a la cárcel, pero una sociedad limitada sólo debe responder por el capital suscrito'.

Miguel Mazón, secretario general de la Consejería de Hacienda en el último Gobierno socialista, sostiene que el movimiento de CACSA sólo persigue garantizar 'la opacidad' de las concesiones de gestión a 'los invitados' a participar en los respectivos procedimientos negociados.