El Ayuntamiento de Rota exige al Gobierno el pago de 7.000 millones en tasas municipales
El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Rota (Cádiz), el socialista Felipe Márquez, anunció ayer que el Consistorio prepara diversas acciones de protesta para exigir el pago de los impuestos y tasas locales que el Ministerio de Defensa adeuda al municipio por la actividad que desarrolla la base naval.
Márquez aseguró que una consultora ha cifrado en unos 7.000 millones de pesetas la 'deuda histórica' que el Estado mantiene con el municipio por los servicios de Policía Local, recogida y tratamiento de basura, suministro de agua y depuración de vertidos.
Por otra parte, los inspectores del Catastro cifraron en unos 150 millones de pesetas al año la cuantía que en concepto de IBI debe satisfacer la base por los inmuebles situados en el interior del recinto y que no están vinculados a la seguridad nacional. El censo del catastro se refiere a las viviendas del poblado de la base, donde residen militares estadounidenses destinados en Rota, y a las instalaciones de uso civil, como el hospital, iglesias o centros de ocio. El Ayuntamiento pide al Estado el pago de los últimos cuatro años de IBI, aunque reconoce que los ejercicios anteriores han prescrito.
El portavoz socialista explicó que la falta de definición del Gobierno se ha hecho palpable en el curso de las rondas de contactos mantenidas entre las partes, a pesar de la existencia de informes de la propia Administración estatal favorables a los intereses municipales y que se conocieron hace unos diez meses.
Así las cosas, el gobierno local concluyó la 'necesidad' de concretar un calendario de 'actividades reivindicativas' para reclamar el pago en caso de que se mantenga la actitud gubernamental.
En el caso de Rota, la base militar de uso conjunto hispano-estadounidense ocupa un 25% del total del suelo municipal, y según el Ayuntamiento 'en la actualidad no ofrece a la población las ventajas económicas que supuso su apertura en 1953'.
En una situación similar se encuentra El Puerto de Santa María (Cádiz). Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia dio la razón a las demandas municipales de cobro de unos 300 millones del IBI, por las edificaciones de la base construidas dentro de su término municipal.
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