Un proceso interminable con errores y pérdidas
Los juzgados de Vitoria llevan casi una década con serios problemas para desatascar y celebrar el juicio en un caso en el que convergen más de 20 querellados y denunciantes por estafa y apropiación indebida, e incluso por maquinación para alterar el precio de las cosas, según los acusadores. Todas las denuncias se han acumulado en un único sumario, y hay una decena de abogados personados en una causa que ha sufrido toda clase de retrasos y de problemas.
El sumario está compuesto por 11 tomos de más de 500 folios cada uno, uno de los cuales desapareció, motivando la apertura de diligencias para encontrar al culpable de la presunta sustracción. Finalmente, fue hallado en un armario de la Audiencia Provincial.
Otra causa de que no se haya celebrado todavía la vista oral han sido los errores del propio personal del juzgado, que no comunicó a la parte afectada el cambio de diligencias previas a procedimiento abreviado. Ello sucedió en 1998 y el abogado defensor de Maturana solicitó a la sala como cuestión previa el día previsto para la vista oral que se pronunciara sobre un problema suscitado durante el proceso de instrucción. En su opinión era anticonstitucional que el juzgado no le hubiese informado de un cambio de estado del sumario, que pasaba de diligencias previas a procedimiento abreviado y a su defendido, uno de los dos acusados, no le había sido notificado ese hecho.
La sala dio la razón al abogado defensor y acordó devolver el procedimiento a la situación en que se encontraba cinco años atrás, aunque sólo lo referente a las actuaciones que afectaban a Maturana. Éste había declarado que su principal responsabilidad en el caso se limitaba a la joyería River Joyeros, que finalmente quebró, aunque era y es socio de Landache, también en la gestoría ERNE.
Durante una década de proceso varios de los denunciantes ya han muerto sin ver ni siquiera iniciado el juicio. Ahora siguen la causa sus herederos.
El último intento para frenar la vista oral se produjo el pasado mes de marzo, cuando el abogado de uno de los imputados presentó un recurso de reforma y subsidiario de apelación al auto del juez en el que se dictaba la apertura del juicio oral. La petición de la defensa fue desestimada y el proceso sigue adelante. En la actualidad son las acusaciones las que están calificando los hechos.
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