La fiscalía de Vitoria pide el archivo de una presunta estafa de 200 millones

Concretamente, sostiene que no hay causa porque, en su opinión, no hay indicios como para pensar que exista engaño bastante para inducir a error -elemento esencial de la estafa- y, por otro lado, entiende que no hay apropiación indebida al no quedar acreditado que los imputados dispusiesen para sí de las cantidades que venían invirtiendo o distrajeran dichos bienes. Sí que reconoce, no obstante, el perjuicio patrimonial de los querellantes.

Los abogados de la acusación, que representan a afectados y herederos de algunos de ellos, dan por hecho que no van a recuperar el dinero, pero quieren que quien hizo desaparecer sus ahorros vaya a la cárcel.

Los afectados, que ahora siguen muy de cerca el caso Gescartera, se preguntan si será verdad que no hay justicia suficiente como para castigar a quienes sobre la base de 'engaños' les hicieron perder parte de su patrimonio.

Indicios A pesar de la petición de la fiscalía, el titular del juzgado número 3 de Instrucción de Vitoria ha acordado ratificar la continuación del proceso y ha desestimado una petición de archivo realizada por uno de los defendidos. El juez ha confirmado la existencia de indicios de un presunto delito de estafa imputado a los dos socios de ERNE, por lo cual decidió seguir adelante con el procedimiento de juicio oral.

Los dos socios de ERNE Gestora de Inversión y Servicios SA, Francisco Javier López de Landache, y José Ramón Sáenz de Maturana, prometían a los inversores rentabilidades superiores a las de cajas y bancos, y durante los primeros años -la década de los 80-, su negocio funcionó.

Sin embargo, el dinero de los pequeños inversores, unos 200 millones de 20 ahorradores que le han denunciado, acabó esfumándose después de viajar en busca de plusvalías por una red de empresas que ambos manejaban, como River Joyeros o la promotora VIGAMA SA.Cuando en 1991 varios de los inversores, alarmados ante la posibilidad de que ERNE estuviera atravesando por problemas, exigieron la devolución de su dinero, Landache comunicó que la crisis era real.

Ellos habían confiado a Landache sus ahorros después de establecer no sólo una relación profesional, sino también de confianza, ya que la manera en que conducía el negocio era de mayor proximidad. En alguna ocasión Landache visitaba en sus domicilios a los ahorradores para ofrecerles nuevos productos o captar el dinero que habían obtenido con alguna venta reciente.

Inversiones desafortunadas Según consta en el propio sumario, Landache reconoció en conversaciones privadas con algunos de los ahorradores que le había confiando hasta sumas de 25 millones de pesetas, que todo el problema se derivaba de 'una desafortunada inversión inmobiliaria' en un parcela que otra empresa creada, entre otros, por los dos acusados, VIGAMA SA, hizo en Las Palmas de Gran Canaria, una parcela urbana comprada a finales de 1986 para edificar, y que cinco años después no tenía ni un ladrillo. El precio de compra de la parcela ascendió a 450 millones de pesetas.

El matrimonio de Las Palmas de Gran Canaria que se la vendió, formado por José Díaz Sosa y Rosario Pulido la había comprado 21 meses antes por 124,4 millones de pesetas, generando una plusvalía de 325,6 millones de pesetas en menos de dos años.

Además, la otra empresa de la sociedad, River Joyeros también se declaró en quiebra, echando por tierra la posibilidad de rentabilizar parte de los fondos que habían sido trasladados hasta la joyería en busca de beneficios.