Un juzgado al rojo vivo

Corrupción, inseguridad, presiones y saturación son algunos de los problemas que desde hace años han venido denunciando jueces, funcionarios y partidos políticos locales en torno a los juzgados de Marbella. El robo de los 15 sumarios relacionados con Jesús Gil ha sido el incidente más grave, pero ni mucho menos el único ocurrido en una sede judicial que soporta casos complicadísimos y donde se ha denunciado reiteradamente la enorme presión bajo la que trabajan jueces y funcionarios.

En los últimos meses, cuatro de los siete magistrados asignados a Marbella han pedido el traslado. El propio Antonio Ruiz Villén, magistrado de uno de los juzgados víctimas de robos, desempeña actualmente sus funciones en comisión de servicios y no como titular. En la misma situación se encuentra Antonio Navas, juez de Instrucción número 4. El juez Santiago Torres, ex titular del número 7, pidió el traslado cuando concluyó el sumario del caso Atlético, y lo mismo hizo el magistrado Fructuoso Jimeno, titular del Juzgado número 6, quien también había llevado el peso de algunos importantes asuntos urbanísticos. En enero de 2000, el Poder Judicial apartó de la carrera judicial a la ex decana de los juzgados, Pilar Ramírez, por instruir casos en los que su familia tenía intereses.