Sol y euros

Hay serios indicios de que el mercado turístico español se encuentra en un momento, si no grave, al menos de cierto compromiso. Las cifras conocidas recientemente muestran lo que puede definirse como un crecimiento muy moderado del número de turistas hasta el mes de junio (32,6 millones de visitantes, el 2,6% más que en el mismo periodo del año anterior) y un aumento mucho mayor de los ingresos (1,5 billones de pesetas hasta el mes de abril), que podría interpretarse de forma temeraria como una mejora de la calidad del turismo, que está muy lejos de poder confirmarse.

El problema es que el grueso del movimiento turístico, el que se contabilizará tras los meses de junio, julio y agosto, va a registrar crecimientos todavía más moderados, en torno al 1% en el número de visitantes, y que en muchos países que hasta ahora ofrecían un intenso flujo de viajeros, caso de Alemania o Reino Unido, empieza a detectarse una caída de demanda de destinos turísticos españoles. Es prudente suponer que el año próximo continuarán empeorando los resultados de lo que es el primer negocio nacional.

Influye en esta situación la aparición de mercados turísticos en el Este de Europa, así como el enfriamiento económico evidente en los países centrales del euro. Pueden sumarse otros factores de deterioro, como, por ejemplo, la amenaza de actos terroristas en las costas españolas, o la famosa ecotasa anunciada por el Gobierno balear, aunque no está claro qué perjuicio real puede haber causado un impuesto que no se aplica. Ahora bien, la enumeración de estos factores, que es lo que en resumen ha hecho recientemente el Gobierno por boca del secretario de Estado de Comercio y Turismo, Juan Costa, realmente no explica nada. El empeoramiento de la coyuntura europea o el conflicto de los impuestos autonómicos lo que realmente hacen es poner al sector turístico ante sus verdaderos problemas, que son de orden político y empresarial.

Una de las carencias fundamentales es que no existe propiamente una política turística en la Administración española, probablemente porque las competencias en la materia están transferidas a las comunidades autónomas. Pero aun así, conflictos como el de la ecotasa balear no deberían haberse producido a poco que hubiera funcionado una coordinación mínima entre administraciones. La sensación es de disparidad y desorden, con unas comunidades intentando ampliar su oferta turística mientras otras tienen que frenarla como sea para evitar el hundimiento de la calidad y de los precios, sin que medien en unos u otros casos políticas que atenúen los desequilibrios. Hay políticas financieras y fiscales que podrían conseguirlo, pero en España, o no existen o no se han puesto al día.

El problema esencial es el de los precios. Si el coste de los servicios hoteleros y de los paquetes turísticos sube cada año en torno al 10% sin que aumente significativamente la calidad, no es necesario buscar razones más complejas para explicar el estancamiento del mercado. Simplemente, el sector turístico español está perdiendo competitividad. Éste es un problema que los empresarios no han querido afrontar, quizá acuciados por amortizaciones cuantiosas y urgentes, y el Gobierno no ha sabido atajar, a pesar de que tenía el excelente pretexto del control de la inflación para haber adoptado aproximaciones más severas que las pías invocaciones a la buena voluntad de los empresarios.

Para la economía española, el turismo es una fuente de ingresos irrenunciable, en la que descansan los equilibrios entre la demanda interna y el sector exterior de nuestra economía. Si se quiere debatir en serio el futuro de este mercado, amenazado por una coyuntura económica difícil y, sobre todo, por unos costes desorbitados, éste es el momento adecuado. Una temporada más, y mercados turísticos emergentes, que hoy son una competencia relativa, pueden haberse convertido en destinos preferentes.