Patrimonio arquitectónico
Si bien los actos vandálicos en nuestra ciudad contra el patrimonio arquitectónico y el mobiliario urbano en general, como los recientemente acaecidos en el Parque Güell, son ciertamente condenables, su repercusión es infinitamente menor a la de algunas actuaciones urbanísticas llevadas a cabo por las administraciones públicas -el Ayuntamiento y, en menor medida, la Generalitat- durante los últimos 20 años, y que han arrasado buena parte del centro histórico de Barcelona. En los últimos años, al llegar el verano, los ciudadanos nos hemos acostumbrado a la actuación de las excavadoras. Si en 1999 fue la modernista Casa Buxeres, en el Raval, en 2000 le tocó el turno a la Casa Vallescà -donde nació el poeta Joan Maragall- del barrio de Santa Caterina, y este año será derribada otra casa catalogada de origen medieval en ese mismo barrio, en ambos casos para construir en su lugar apartamentos de alquiler para jóvenes. Mientras tanto, la Generalitat está derribando dos edificios catalogados del siglo XIX junto a su sede para reconvertirlos en oficinas, dejando únicamente en pie las fachadas, y prepara el derribo total de dos casas señoriales en la calle Nou de la Rambla para construir en su lugar un bloque de apartamentos de promoción pública. A todo esto, el alcalde, Joan Clos, se permite proclamar ante la ONU la defensa de los centros históricos frente a la especulación.
