La cuarta parte de los ciudadanos vascos reconoce que se siente racista

Por grupos de edad, el sondeo permite comprobar que el sentimiento racista tiene una relación inversamente proporcional a la edad. Así, entre los jóvenes de entre 18 y 29 años el racismo está presente en diferente intensidad (poco, bastante o mucho) en el 62% de los casos, mientras que este porcentaje se reduce al 43% entre los mayores de 65 años.

Frente a ello, se registran también actitudes muy integradoras, como la apuesta de una abrumadora mayoría por regularizar la situación de los inmigrantes sin papeles, frente al 5% que postula la repatriación a sus países de origen.

Seis de cada diez ciudadanos sólo dejarían entrar al País Vasco a aquellos inmigrantes que viniesen con un contrato de trabajo debajo del brazo (actitud mayoritaria entre los votantes de todos los partidos, menos EH, aunque por sólo dos puntos en este caso) y sólo un tercio considera que no se les deben imponer condiciones. Quienes proponen hacer muy difícil la entrada de extranjeros o prohibir su llegada concentran sólo al 2% y al 1% de los encuestados, respectivamente.

Diversidad A los encuestados también se les planteó una serie de afirmaciones sobre el fenómeno de la inmigración. Mayorías muy sólidas forman las de quienes opinan que los inmigrantes procedentes de países menos desarrollados desempeñan trabajos que los profesionales vascos no quieren hacer (un 80%) y que la presencia de extranjeros de otras culturas resulta bueno para la diversidad y el futuro de la comunidad autónoma (79%). En cambio, destaca el parecer del 38% de los encuestados, que opinan que el aumento del número de inmigrantes favorece el incremento de la delincuencia. Otro 26% piensa que, al aceptar sueldos más bajos, los inmigrantes provocan una bajada generalizada de las remuneraciones, un 23% cree que se aprovechan de ventajas que deberían estar reservados exclusivamente para los vascos y un 21% más considera que quitan puestos de trabajo a los residentes en la comunidad autónoma.

Ello no obsta para que el 97% de los sondeados diga estar de acuerdo con que la Administración proporcione sanidad y educación a todos los inmigrantes. Este porcentaje se reduce significativamente cuando se habla de subsidio de desempleo (un 80% acepta que lo reciban), y baja aun más en el caso del acceso a una vivienda protegida pública (66%).