Pasar a los hechos

El ministro Rajoy y el consejero Balza plantearon ayer dos discursos paralelos. Ahora tendrán que cruzarlos de manera que el resultado sea una mayor eficacia policial contra el terrorismo y sus derivaciones callejeras. El ministro del Interior amplió y precisó las propuestas que Aznar presentó en su última reunión a Ibarretxe y que van desde el apoyo político por parte del Gobierno de Vitoria a las iniciativas judiciales contra el entorno etarra hasta la puesta en marcha de un plan conjunto contra la kale borroka. El consejero vasco respondió con un catálogo de reivindicaciones, viejas o nuevas, que incluyen el aumento de efectivos de la Ertzaintza y cuyo hilo conductor es la exigencia de presencia en diversos organismos, nacionales e internacionales, relacionados con la seguridad.

Esto último es una vieja reivindicación nacionalista, sin que sea evidente su relación con el objetivo de eficacia antiterrorista, al menos de manera inmediata; pero algunas de esas propuestas pueden ser elementos para recuperar la confianza recíproca. Porque lo evidente es que esa confianza brilla por su ausencia, y ello explica más que cualquier otro factor las dificultades para establecer una cooperación operativa eficaz entre las policías respectivas. La presencia en los organismos de la Unión Europea, por ejemplo, planteada por los nacionalistas como su nuevo horizonte reivindicativo en todos los terrenos, y no sólo en el de seguridad, podría estudiarse, de acuerdo con la experiencia de los países con constitución federal, como Alemania. Pero ello es imposible sin acreditar una lealtad constitucional, que dista de ser evidente en el caso del nacionalismo vasco, que propone a la vez el cumplimiento íntegro del Estatuto de acuerdo con su interpretación del mismo y su superación modificando las reglas de juego.

Algunas de las propuestas de Rajoy, orientadas a la deslegitimación política del mundo etarra, servirían para poner a prueba la voluntad nacionalista al respecto. Por ejemplo, que se apoyen las extradiciones de activistas, o las iniciativas de Garzón contra el entorno etarra; la referencia a posibles suplicatorios contra dirigentes como Josu Ternera está fuera de lugar porque no es necesaria para procesar a diputados autonómicos.

Tras su entrevista con el Rey, Ibarretxe dijo con toda claridad que su prioridad era la lucha contra ETA y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos perseguidos por los terroristas. Se estaba a la espera de comprobar en qué medidas concretas, políticas y policiales, se traducía esa declaración. No se pudo avanzar gran cosa en la entrevista entre Aznar e Ibarretxe. Entre otras razones, porque no había habido un acercamiento previo, imprescindible si se quiere obtener respuestas concretas a propuestas que también lo sean. Tal vez ayer pasó lo mismo, pero dio la impresión de que Rajoy y Balza pueden entenderse. El segundo dijo recientemente que mantiene contactos telefónicos habituales con el ministro. En todo caso, las cartas ya están sobre la mesa, y los equipos respectivos deberán precisar ahora el área de acuerdo.

Del paquete de Rajoy, lo que más interesa a los ciudadanos es la posibilidad de un plan conjunto para aumentar la eficacia de la lucha contra la kale borroka, ahora que nadie niega que forma parte de la estrategia etarra de intimidación, y que es la principal vía de reproducción generacional del terrorismo. Pero es también el punto en el que puede haber mayor resistencia de Vitoria, por razones de fuero. Si hubiera confianza política, la especialización de la Ertzaintza en esa lucha, que sería funcional en muchos sentidos, no sería contradictoria con la cooperación con ella, especialmente en el terreno de la información, de las fuerzas de seguridad del Estado.

Pero la confianza política es la condición, y recuperarla exige sacar las consecuencias prácticas que se desprenden de la prioridad otorgada al combate contra ETA. Entre ellas, reconstruir la unidad de los demócratas y, para ello, reforzar y acreditar el marco de convivencia en que, hoy por hoy, se reconoce la mayoría de los ciudadanos vascos.