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Jueces y fiscales progresistas critican la orden de Cardenal de expulsar a extranjeros con delitos

Las asociaciones conservadoras aducen que sólo repite el texto legal y siempre decide un juez

Miguel Carmona, portavoz de JpD, aún reconociendo que la instrucción parte de 'una previsión legal', la critica porque 'no se puede hacer de forma global e indiscriminada', dice.

Carmona recuerda que hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que 'hacen depender la expulsión del tipo de delito que se comete, examinado caso por caso, y del arraigo de quien lo comete, ya que la expulsión automática por delitos menores puede vulnerar el derecho fundamental a la intimidad y a la presunción de inocencia'.

El portavoz de JpD avisa también del riesgo para la investigación judicial, 'como cuando se expulsó masivamente a los extranjeros sin papeles que viajaban hacinados en una furgoneta en Mijas (Málaga), con lo que desaparecen los testigos y no pueden investigarse las mafias que transportan inmigrantes'.

En general, tilda de 'reprochable lanzar desde la fiscalía general un mensaje de que inmigración es igual a delincuencia, porque no es cierto', asegura, 'que haya menos delincuencia en los nativos'.

La instrucción no llegó

La instrucción no había llegado ayer a las fiscalías de Lleida, según informó su fiscal jefe, Martín Rodríguez Sol, presidente de la AF, ni a la de Madrid, según el portavoz de la UPF, Antonio Camacho, quien tuvo que pedir una copia a un periodista para poder analizarla.

Camacho criticó por 'peculiar y generalista' una instrucción que convierte en 'supuestos generales problemas que requieren una interpretación casuística'. Así, aunque el artículo 89 del Código Penal habilita al juez para sustituir la pena inferior a seis años de cárcel por la expulsión, 'el fiscal no debe solicitarlo con carácter general, sino contemplar cada supuesto'.

El portavoz de la UPF señaló que 'la expulsión puede producir impunidad', y puso el ejemplo de 'un traficante de hachís de Marruecos que, una vez condenado a menos de seis años, es expulsado sin cumplirla', así como otros casos en los que 'la expulsión deja a la víctima sin indemnización'.

En cambio, José Antonio Martín-Caro, portavoz de la AF, dice que el 90% son insolventes y que 'si tiene dinero, se les puede imponer una fianza'. Cree que la instrucción es mera repetición de la ley, que prevé la expulsión del extranjero que está ilegalmente en España, por acuerdo administrativo autorizado por el juez.

Santiago Martínez-Vares, presidente de la APM, dice que 'el fiscal pedirá lo que quiera dentro del ordenamiento, pero la decisión es del juez, en aplicación de la ley y el nuevo reglamento'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 27 de julio de 2001