La CNMV sancionó a Gescartera en 1999 pero no hizo pública la multa

La decisión de la CNMV de no publicar la sanción de Gescartera fue tomada por el consejo de la Comisión, entonces presidido por Juan Fernández-Armesto. La práctica normal es que las sanciones sean hechas públicas. Fuentes del propio organismo supervisor, que reconocieron la existencia de la citada multa, no supieron explicar ayer la razón de que se mantuviera en secreto cuando siempre se hacen públicas (en 1999 se publicaron 12 sanciones). En el consejo de entonces estaba como vocal la actual presidenta, Pilar Valiente.

También estaba en ese consejo, como vicepresidente, Luis Ramallo, quien intervino, tras dejar el cargo el pasado mes de octubre, como notario para dar fe pública en varias operaciones de sociedades del grupo Gescartera. Las incompatibilidades de su anterior cargo le obligan a no mantener relaciones con la CNMV hasta 2002. Preguntado sobre sus actividades notariales en relación con Gescartera, Ramallo no quiso dar detalles de sus relaciones profesionales con ese grupo. No obstante, sí confirmó que presentó a los gestores de Gescartera a un banco europeo interesado en la adquisición de una agencia de valores en España.

Sobre la negativa a hacer pública la sanción a Gescartera en 1999, Ramallo manifestó que no era partidario de ello porque no quería perjudicar a personas que luego podían demostrar su inocencia. Según fuentes cercanas a la CNMV, además de Ramallo, Valiente y el vocal José María Roldán también se solían oponer a esa publicidad.

Escándalo

El caso es que la sanción a Gescartera y sus apoderados, Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna, se mantuvo en secreto y dos años después se ha descubierto un agujero de al menos 13.000 millones de pesetas con perjuicio para unas 2.000 personas en Gescartera, ya convertida en agencia de valores. Las fuentes consultadas afirman que de haber informado de la sanción, se podría haber evitado el escándalo actual que ha llevado a intervenir a la Audiencia Nacional. Camacho se encuentra en prisión incondicional y a Ruiz de la Serna la juez Palacios, que instruye el caso, lo dejó en libertad por su delicado estado de salud, aunque con la obligación de personarse a diario en la Audiencia.

Debido a la sanción que recibieron en 1999, Camacho y Ruiz de la Serna quedaron inhabilitados para ejercer cargo en intermediarios financieros. Por ello nombraron a Pilar Giménez-Reyna -hermana del ex secretario de Estado de Hacienda- presidenta de la firma de cara a su futura transformación en agencia de valores. Algo que la CNMV aprobó en julio de 2000 tras obligar a que tuvieran un socio solvente. Los apoderados buscaron a la Fundación Once, que cuenta con el 10% del capital.

La razón de la multa de 1999 fue la resistencia a la acción inspectora de la CNMV. Este organismo abrió expediente el 6 de abril de 1999 que se amplió al descubrirse un agujero de 1.000 millones. En una actuación rutinaria, Gescartera no pudo documentar más que 30 millones de una inversión de 1.000 del Arzobispado de Valladolid. Sin embargo, la diócesis no presentó reclamación, lo que impidió que la sanción fuera mayor.

Camacho ya había tenido otro encontronazo con la CNMV en 1993. La firma Bolsa Consulting, de la que era propietario con su padre, fue multada por el organismo con 128 millones.